El asesinato de Laurent-Desiré Kabila y la subida al poder de Joseph Kabila
Laurent-Desiré Kabila fue asesinado el 16 de enero de 2001, aunque su muerte no fue confirmada oficialmente hasta dos días después. Le sucedió como jefe del estado su hijo, Joseph Kabila, que tomó posesión del cargo el 26 de ese mismo mes, 10 días después del asesinato de su padre. Las hipótesis sobre la muerte y sobre los acontecimientos que rodearon el asesinato de Kabila padre aún siguen sumergidas en un denso silencio. En un principio, se atribuyó el asesinato a uno de sus guardaespaldas, que a su vez, fue tiroteado por el resto de la guardia personal del hasta aquel momento presidente. La Comisión de Investigación creada a raíz de estos sucesos señaló como responsables del asesinato a los gobiernos de Ruanda, Uganda y al grupo rebelde Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD). Ninguno de ellos reconoció su implicación en el asesinato.
La aparición de Joseph Kabila en el panorama internacional dio un giro al proceso de negociación de paz que, hasta aquel momento, había tratado de eludir y/o paralizar su padre. El nuevo jefe de estado se comprometió ante la comunidad internacional a apoyar dicho proceso, aunque según algunos comentaristas los hechos han demostrado que Kabila pone más empeño en obstaculizarlo. Sin embargo, es también oportuno considerar que el proceso de pacificación del país implica a muchas voluntades ya que en la RDCongo se entremezclan diversos conflictos. Según señalaba el Relator Especial de Naciones Unidas para la República Democrática del Congo, Roberto Garretón, en su informe E/CN.4/2001/10, 'La República Democrática del Congo es teatro de una gran cantidad de conflictos tanto de carácter internacional (la República del Congo contra Rwanda, Uganda y Burundi, con apoyo interno del Rassemblement Congolais pour la Démocratie, en el este), como sin carácter internacional, aunque internacionalizados por la participación de fuerzas extranjeras (...). Otros son conflictos extranjeros, pero desarrollados en territorio congoleño (...)'. Y es en este contexto bélico complejo en el que se desarrolló desde 1997 el gobierno de Laurent-Desiré Kabila y desde enero de 2001 el de su hijo Joseph al que hay que añadir elementos importantes tales como la represión ciudadana -realizada por todos los bandos en conflicto-, la falta de medidas democratizadoras -por parte de todos los actores del conflicto- y la expoliación de las riquezas naturales del país -cuestión que ha marcado la lucha por el avanzar y controlar un territorio-.
La comunidad internacional mantuvo cierto convencimiento, basado en hechos, de que Kabila padre había evitado -no sin la consternación de la comunidad internacional, materializada en diversos comunicados de Naciones Unidas- cumplir con los acuerdos de Lusaka y con las disposiciones para la democratización del país. Así lo acreditan diversos informes de Naciones Unidas. Al mismo tiempo, Kabila había procedido a la concentración total del poder en su figura. Con lo que se alzaba como un líder autoritario (en este sentido no muy diferente a otros líderes rebeldes que luchan en el país o a otros presidentes africanos) y a diezmar el proceso de democratización con la limitación de la libertad de asociación, con las restricciones a la creación de partidos políticos y organizaciones civiles, con las amenazas y detenciones a colaboradores del Alto Comisionado, etc. La aparición de su hijo, personaje poco conocido caracterizado por su juventud y falta de experiencia política, y las maniobras que éste realizó de cara a ganarse la confianza y legitimidad de la comunidad internacional favorecieron cierto 'desbloqueo' de las ayudas internacionales que, finalmente, se vehicularían principalmente a través del Banco Mundial.
¿Nuevas perspectivas de paz para el conflicto?
Con Joseph Kabila llega la aceptación -en primera instancia, que posteriormente se transformará en rechazo o impedimento- de la presencia de la MONUC (Misión de Observación de las Naciones Unidas para la República Democrática del Congo). También Kabila junior se comprometió a la aceptación del Facilitador del diálogo intercongoleño, Ketumile Masire, y al desarrollo de su acción en un escenario que como se ha podido ver es extremadamente complejo. A su vez, se iniciaron contactos entre Kabila y dos de los actores más relevantes del conflicto congoleño: los grupos rebeldes del MLC (apoyado por el gobierno ugandés) y RCD-Goma (apoyado por el gobierno ruandés). Dichas conversaciones dieron lugar a dos acuerdos: el de Sun City, en mayo de 2001, con el MLC, y el de Pretoria con el gobierno de Rwanda (que apoya al RCD-Goma), en julio de 2002. Pese a ello, la situación de degradación de los derechos humanos continúa siendo especialmente preocupante tanto en las zonas bajo control del gobierno como bajo las zonas de control rebelde. A su vez, las conversaciones de paz y los diferentes acuerdos a los que se ha llegado se han caracterizado por su fracaso y por diferentes bloqueos que desde las partes implicadas se han puesto en marcha. Como anteriormente se mencionó, la complejidad de los diferentes conflictos que se desarrollan en territorio congoleño así como el valor económico y estratégico de los recursos naturales que en él se encuentran dificultan el repartimiento del poder y la creación de unas bases sólidas de paz, seguridad y de respeto por los derechos humanos de la población civil, que de hecho es la que sufre directamente las consecuencias de la guerra y de la violencia.
El acuerdo de Sun City (febrero-abril de 2002)
El acuerdo de Sun City, se enmarca en el proceso ya señalado en los acuerdos de paz de Lusaka. Y fue firmado por el gobierno de Kinshasa, el MLC (Mouvement de Libération Congolais), grupos no armados de la oposición política (aunque no estaba dentro de este grupo el UDPS ni otros muchos movimientos de oposición política no armada), organizaciones de la sociedad civil y una facción disidente del RCD-Goma, apoyada como el MLC por el gobierno ugandés. Los diferentes movimientos de oposición expresaron su descontento en relación al acuerdo de Sun City, calificándolo, tal y como lo recoge IRIN (Integrated Regional Information Networks) como 'una gran broma'.
Las disposiciones principales son aquellas por las que se establece un gobierno interino que contempla una distribución del poder entre los firmantes con lo que Joseph Kabila continuaría como presidente de la RDCongo y Jean-Pierre Bemba, jefe del MLC, se alzaría con el puesto de Primer Ministro. A su vez, la presidencia de la Asamblea Nacional recaería en el RCD-Goma, y la del Senado en las fuerzas políticas no armadas. Según el informe 'Nubes de tormenta sobre Sun City: la necesidad urgente de retomar el proceso de paz congoleño' del International Crisis Group, el acuerdo de Sun City resultaba ser inoperativo debido a que 'las responsabilidades de cada institución de transición están mal definida y consiste en una serie de principios guías que son demasiado vagos como para permitir una distribución real del poder con el ejecutivo'. A su vez, las relaciones entre los diversos poderes también permanecen sin definir. En declaraciones posteriores realizadas en agosto de 2002 por Joseph Kabila se ha dado definitivamente por acabado el acuerdo de Sun City.
El acuerdo de Pretoria (julio de 2002)
Por su parte el acuerdo de Pretoria se firma el 30 de julio de 2002 entre Joseph Kabila y Paul Kagame (mandatario ruandés que presta apoyo al RCD-Goma), con la mediación del presidente sudafricano. En él se preveía la retirada de las tropas de Kigali con presencia en la RDCongo (que algunas fuentes establecen entre 30 y 40.000 hombres y otras en 20.000) a cambio de que Kinshasa desarmará y extraditará a los combatientes hutus responsables del genocidio de 1994, cuyo número se estima en unos 12.000. Las posibilidades reales de cumplimiento del tratado se verán con el tiempo aunque diversos analistas han expresado su escepticismo al respecto. Escepticismo que tiene en el fracaso de los acuerdos de Lusaka y en otros intentos de pacificación y democratización sus más próximos antecedentes. Además, lo apretado del calendario (los soldados hutus deben ser desarmados y repatriados en un plazo de 90 días y la retirada ruandesa de territorio congoleño debería hacerse en el mismo período de tiempo) y la denominación, que según algunos analistas se puede definir como muy amplia, de los rebeldes hutus -muchos de los cuales, según estos analistas, fueron reclutados después de los hechos de 1994- complican la efectiva puesta en funcionamiento del acuerdo.
Asimismo, las posteriores noticias que recogen acusaciones mutuas de incumplimiento del acuerdo de Pretoria entre Rwanda y la RDCongo hacen tener pocas esperanzas sobre la implementación real de dicho acuerdo.
Al mismo tiempo, se avanzaron reformas liberalizadoras en ámbitos monetarios y en el mercado de diamantes, ello junto con otras medidas políticas han favorecido la afluencia de asistencia humanitaria proveniente tanto de Estados Unidos, a través de USAid (United States Agency for International Development), como de otras organizaciones intergubernamentales como es el caso del Banco Mundial. Éste último, ha invertido el 94% de los 954 millones de dólares a préstamos de ajuste estructural (de junio de 2002 a junio de 2003) y a préstamos de recuperación de emergencia (con una duración de tres años: de 2002 a 2005). Es importante resaltar que esta institución no concedía ayuda al país desde 1991, y aún así la cuantía de los préstamos no era tan elevada como la concedida entre los años 2001 y 2002.
El titular de estos créditos es el gobierno de Kinshasa, y el principal implementador es el Ministerio de Finanzas que gestionará directamente 904 millones de dólares. Y si bien estos créditos están destinados a diferentes sectores y ámbitos (sin resaltar el porcentaje del dinero a destinar en cada uno de ellos), resalta especialmente lo que se refiere al ámbito de las infraestructuras: carreteras, mejora en la comunicación a través de ríos, reparación de puentes, etc. Ello implicaría una mejora en las comunicaciones de la RDCongo tanto a nivel interno como a nivel regional o internacional, favoreciendo entre otros ámbitos, al de la exportación de los más que numerosos recursos naturales que se albergan en el suelo y en el subsuelo del tercer país más grande de África.
Los créditos concedidos por el Banco Mundial se basan, tal y como se recoge en los diferentes informes de este organismo, en el proceso de liberalización económica emprendido por el nuevo mandatario congolés, Joseph Kabila, así como en los supuestos cambios experimentados por el país y que afectan a ámbitos como la libertad política y al inicio del diálogo inter-congoleño que ya se recogía en el acuerdo de Lusaka. Sin embargo, los diferentes informes emitidos tanto por el Relator Especial para la República Democrática del Congo como aquellos emitidos por diferentes ONGs (Amnistía Internacional, HRW, Voix des Sans-Voix, AZADHO, etc) recogen otros hechos en los que se resalta la perpetuación de la inseguridad física, las restricciones a libertad de movimiento y a la libertad de pensamiento y opinión. En uno de los últimos informes de Amnistía Internacional se recogen las discrepancias existentes entre el discurso de Joseph Kabila y la práctica habitual: 'La continuación de arrestos de opositores políticos, estudiantes y periodistas que no han cometido un crimen demuestra que las promesas de apertura política y de respeto por los derechos humanos están virtualmente vacías.' Así mismo, otras prácticas como la tortura, asesinatos extrajudiciales, etc son recogidos por múltiples organizaciones de defensa de los derechos humanos. Dichas prácticas se producen tanto en el territorio controlado por el gobierno como en el controlado por los grupos rebeldes.
Como en años anteriores, a lo largo de 2002, se han dado dos resoluciones de Naciones Unidas sobre la República Democrática del Congo:
Resolución 1417 (2002) del Consejo de Seguridad de 14 de junio.Con dicha resolución se prorroga el mandato de la MONUC hasta el 30 de junio de 2003, y se toma nota respecto a la recomendación de establecer un límite máximo de las tropas de la MONUC, ello se producirá siempre que se cumplan las disposiciones de la resolución 1376. Asimismo se apoyan las iniciativas para la reanudación del diálogo intercongoleño por los tres actores principales: gobierno congoleño, RCD-Goma (apoyado por el gobierno ruandés) y MLC (apoyado por el gobierno de Uganda). Se hace especial hincapié en la difícil labor de la MONUC y en la necesidad de implementar el proceso de Desarme, Desmovilización, Reasentamiento y Reintegración. Así como se condena tanto la potenciación del conflicto por motivos étnicos y sus consecuencias en la situación de los derechos humanos de las poblaciones afectadas como de la explotación de los recursos naturales.
· Documento en castellano
· Documento en inglésResolución 1399 (2002) del Consejo de Seguridad de 19 de marzo, con la que se condena la reanudación de las luchas en la zona de Moliro por parte del RCD-Goma, denuncia el incumplimiento del alto al fuego firmado en Lusaka y llama a las partes en conflicto a no reanudar el conflicto armado mientras esté en pie el proceso de diálogo inter-congoleño. Así mismo, se pide al gobierno de la RDCongo que reanude la participación en dicho diálogo.