PALESTINA:
¿UN CAMINO ETERNO HACIA LA PAZ?


Los acontecimientos que se están viviendo en Israel y los Territorios Ocupados de Gaza y Cisjordania desde septiembre de 2000 evidencian, por un lado, la fragilidad de la situación en Oriente Próximo (de la situación política, de la situación de las personas y de sus derechos humanos, etc), y por otro, la falta de memoria y de compromiso de gran parte de la comunidad internacional así como de los medios de comunicación.

Lo que se conoce como la segunda Intifada, o la Intifada de Al-Aqsa (Al-Aqsa es el nombre que reciben los lugares santos musulmanes), no responde más que a una situación explosiva que se remonta a la creación del estado de Israel en 1948, y que se agrava paulatinamente ya sea con la ocupación militar israelí de 1967 o con la intifada de 1987. En este sentido, son numerosas las resoluciones de Naciones Unidas que se han hecho eco de esta situación y vienen pidiendo reiteradamente desde hace 34 años, aunque sin éxito alguno, la retirada de las tropas israelíes de las zonas ocupadas en el 67. Por su lado, también son numerosas las organizaciones de defensa de los derechos humanos que reiteradamente a lo largo del tiempo vienen denunciando las agresiones y violaciones de los derechos humanos que la población palestina sufre.

Pese a los esfuerzos que parte de la sociedad civil israelí y palestina hace para tender puentes de diálogo entre estas comunidades, la situación degenera inexorablemente atizada por políticos oportunistas y por la percepción cierta, para muchos palestinos, que las salidas negociadas son inviables.

El proceso de acercamiento entre israelíes y palestinos, que se inicia en 1991 con la Conferencia de Madrid, es el primer paso en un período de negociaciones que culmina en 1995 con el tratado de Oslo. En dicho tratado se establecía la retirada progresiva, a través del sistema de zonas, de las fuerzas armadas israelíes y de los colonos  de los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania. Sin embargo, en Oslo no se preveía la retirada total de las fuerzas israelíes. Se acordaba la presencia y las competencias de fuerzas armadas y colonos israelíes en zonas consideradas prioritarias para Israel –por razones de estratégicas relacionadas, por ejemplo, con el control de los acuíferos o por cuestiones de seguridad-. También se dejaba paso a la creación de la Autoridad Palestina (y a un incipiente sistema de gestión administrativa propia) que, por razones extrínsecas e intrínsecas, no acaba de funcionar y cuyos déficits democráticos son más que patentes.

Oslo fue acogido por muchos palestinos como una opción para una vida digna, alejada de la ocupación militar permanente, de la dependencia administrativa israelí, en resumen, del control de la vida cotidiana. Sin embargo, no consiguió la unanimidad de todos los actores políticos y armados ni israelíes ni palestinos. Estos últimos concebían este acuerdo no sólo como una traición sino como un mal acuerdo que, al margen de las limitadas competencias atribuidas a las instituciones palestinas, también dejaba de lado temas importantísimos, postergados hasta la definición de un estatus final de los Territorios Ocupados. Dichos temas eran: Jerusalén, las ubicaciones militares israelíes, los asentamientos de los colonos judíos, los refugiados, la definición de las fronteras y las relaciones exteriores.

La evolución de la situación política palestina desde Oslo nos permite señalar la variedad de posiciones que existen respecto al proceso y método de negociación con Israel. Dichas posiciones se encuentran inmersas en un sistema político que no admite o que limita, en el mejor de los casos, la pluralidad política. En este sentido, se debe resaltar la creciente importancia de grupos como Hamas, que gracias a su actividad política y social (esta última se hace más evidente ante la escasa red de instituciones de bienestar creadas por la Autoridad Nacional Palestina), logran un impacto y una movilización social progresiva. Ésta se alimenta de la falta de expectativas de una población cuya mayor esperanza es recuperar su propio territorio, un derecho reconocido internacionalmente y negado insistentemente por Israel y por las potencias, especialmente Estados Unidos, de las que recibe un apoyo casi incondicional. Hecho éste último se ha potenciado con la llegada de George Bush a la Casa Blanca y con los atentados del 11 de Septiembre de 2001.

Los atentados del 11 de Septiembre han sido utilizados por el gobierno israelí como justificación para ‘aplastar’ el terrorismo palestino a través de una confrontación desigual de fuerzas. Estas acciones, llevadas a cabo con fuego artillado (misiles lanzados desde helicópteros) y con la presencia y ataque de tanques, etc se han focalizado en Gaza y Cisjordania. En un principio tienen dos consecuencias, ambas graves. Por un lado, dichas acciones están afectando a la población civil palestina. Se calcula que al menos 409 palestinos (en su gran mayoría civiles y entre los que se encuentran niños) han perdido la vida entre octubre de 2000 y junio de 2001, según datos de B’Tselem. Y, por otro lado, con los ataques a los edificios de las instituciones de la Autoridad Palestina se lanza un mensaje claro, particularmente a Arafat. En estos momentos, además, se plantea la cuestión de la sucesión política en el liderazgo de la Autoridad Palestina que coincide con la radicalización tanto palestina (liderada por Hamas y la Jihad Islámica) como israelí, esta última encabezada por Ariel Sharon y por los grupos ultra que lo apoyan.

En especial el gobierno de Sharon, tal y como anteriormente hicieron sus homólogos del Likud, en especial, Benjamin Netanyahu, no sólo han contribuido a la paralización de lo acordado en Oslo sino que han propiciado y fomentado la involución de lo hasta el momento conseguido y, por ende, de la dinámica de negociación. Es ilustrativo que ante la expectativa de acuerdos con la parte palestina -el intento más reciente tuvo lugar en enero de 2001 en Camp David bajo mandato del laborista Barak- la respuesta de los partidos políticos israelíes (en especial de los ultraortodoxos y del Likud) fuera la de rechazo total y absoluto. Dicho rechazo se materializó en un vacío político, que en el caso de Barak, le obligó a convocar elecciones anticipadas.

Independientemente del color del primer ministro israelí, lo cierto es que la situación de la población palestina ha estado y continúa estando, en la mayor parte de los casos, condicionada por la aplicación de políticas restrictivas y discriminatorias. En este sentido, cabe precisar que la situación de los palestinos que viven en los territorios ocupados y también en el interior de Israel ha sufrido un grave deterioro. Numerosos son los casos de violaciones de los derechos humanos que tienen como víctimas a personas palestinas y como agresores a colonos, al ejército o a la administración israelí, pero también a la Autoridad Palestina (y, en concreto, a sus servicios de seguridad) denunciados por ONGs israelíes, palestinas e internacionales.

El uso de leyes (relacionadas con la construcción de nuevas viviendas) totalmente discriminatorias y orientadas a la expulsión de palestinos de la zona este de Jerusalén o los cierres de Gaza y Cisjordania (recordemos, territorios ocupados por Jerusalén ilegalmente –hecho este último reconocido en todos los foros internacionales, entre ellos Naciones Unidas-) son ejemplos de las múltiples agresiones que el estado de Israel, así como el ejército de este país y los aparatos de seguridad y la administración, algunos de sus políticos y parte –que no toda- de la sociedad civil están llevando a cabo contra la población palestina.

Esta población sufre, por un lado, una situación de desigualdad patente respecto a Israel y los israelíes y, por otro, una situación de descontento generalizado que afecta especialmente a los ámbitos político y económico. El descontento en la esfera política es consecuencia de la falta de democracia que caracteriza el sistema político palestino, que se puede tachar de personalista y clientelar; también es consecuencia de la extensión de la corrupción a todos los niveles (favorecida tanto por la creación de redes clientelares tuteladas directamente por el ‘estado’ como por la lamentable situación económica de los territorios) y por la represión que los propios cuerpos de seguridad palestinos ejercen sobre la población. Dicha represión se debe entender en dos sentidos: como medida para contentar las demandas de seguridad israelíes y/o como acciones llevadas a cabo con el objetivo de controlar a la oposición –democrática o armada- palestina. Numerosos grupos de defensa de los derechos humanos han denunciado y continúan denunciando las violaciones de los derechos humanos cometidas por los cuerpos de seguridad palestinos.

En el ámbito económico, se debe resaltar la situación de depauperación progresiva provocada, principalmente, por los cierres temporales (ya sean parciales o totales) que el ejército israelí lleva a cabo. En un primer momento, los cierres  se pensaron desde Israel como una medida extraordinaria a aplicar en los territorios ocupados. Sólo se podría aplicar esta medida en situaciones de crisis o tragedias. Pero son periódicos y se pueden justificar en función, entre otras cosas, de los atentados terroristas registrados en Israel, así sucedió en el período 1994-1996, y así sucede desde en el estallido de la segunda Intifada. La función del cierre, en estos casos, se justifica como un mecanismo que dota a la población israelí de cierta seguridad. Pero los cierres pueden ser utilizados, tal como señalan algunos estudiosos, como Sara Roy, como instrumento de presión de Israel hacia la Autoridad Nacional Palestina para que ésta acepte ciertas condiciones económicas y conseguir, de esta manera, posponer cuestiones de tipo territorial o político.

Una de las principales consecuencias de los cierres es la imposición de restricciones en la libertad de movimiento tanto de personas como de bienes materiales en Gaza y Cisjordania. Esta restricción tiene como resultado más evidente la imposibilidad del mercado de proveer a la población de aquello que necesitan, pero también implica el aumento del paro (ya que un porcentaje importante de la población palestina trabaja en Israel) o el incremento de los precios.

El empeoramiento de la situación económica y política genera, obviamente, reacciones en la población palestina. Según la encuesta realizada en julio de 2001 por el Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR), el 50% de los palestinos entrevistados apoyaban tanto la aceptación de la Autoridad Palestina del informe Mitchell como el proceso de alto el fuego, el 63% de los encuestados estaba a favor del retorno a las negociaciones. Por otro lado, ante la posibilidad de un fracaso de las negociaciones, un 60% de los entrevistados apoyaría el retorno a las confrontaciones armadas. Según el PSR, el apoyo palestino a un ataque armado sería resultado de tres factores: ‘La mayoría de los palestinos, ponen el objetivo ‘finalización de la ocupación’ en el primer lugar de sus prioridades, y muchos creen que las negociaciones no tendrán éxito,  muchos creen también que los ataques armados han conseguido, y continuarán consiguiendo en el caso de volver a ellos, la consecución de los derechos nacionales palestinos en caso de que las negociaciones no fueran exitosas’.

En esta situación, marcada, entre múltiples elementos, por la ocupación ilegal y por la fuerza de un territorio y por la percepción de la población de que las negociaciones políticas no conducen más que a una situación caracterizada por la falta de expectativas y de futuro, es que debemos contextualizar esas crudas imágenes que nos llegan a través de la televisión.

Pero también es importante que recordemos que hay personas en Israel, en Gaza y en Cisjordania, que creen en la salida pacífica al conflicto y que están trabajando –en muchos casos conjuntamente- para conseguir la paz. Este trabajo abarca diferentes ámbitos, ya sea el de la educación en derechos humanos, el de la información, el análisis crítico y constructivo o el de la denuncia de violaciones de derechos humanos. Y aunque sus acciones no son espectaculares, existen. Y mientras existan aún quedará un espacio de libertad y de intercambio, un espacio de diálogo, un espacio de esperanza.  

Más información sobre el conflicto israelo-palestino en:

Observatori Solidaritat

Recursos sobre el conflicto