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Forma de Estado
Tal y como se afirma en el artículo primero
de la Constitución política colombiana de 1991, Colombia es
una república unitaria y descentralizada organizada en 32 departamentos
y una capital de distrito.
Sistema de gobierno y Distribución de
poderes
El presidencialismo en Colombia
El sistema de gobierno colombiano se caracteriza por
ser presidencialista, al igual que el resto de gobiernos de región.
El presidencialismo colombiano ha generado una concentración del
poder en manos del ejecutivoque queda reafirmada con la Constitución
de 1991. El presidente de la república
es el jefe de estado, de gobierno y suprema autoridad administrativa tal
y como indica la Constitución de 1991 y se elige por voto directo
y secreto de todos los/ciudadanos/as del país por un período
de cuatro años sin posibilidad de ser reelegido. En caso de que ninguno
de los candidatos consiga mayoría absoluta en la primera votación
se llevará a cabo una segunda tres semanas después en la que
participarán los dos candidatos más votados, el elegido será
aquel que más votos obtenga. El ejecutivo
estará formado por el Presidente de la República, por los
ministros de despacho y por los directores de departamentos administrativos,
así como por los gobernadores, alcaldías, superintendencias,
establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales del
Estado.
El poder legislativo
El legislativo está formado por dos cámaras:
la Cámara
de Representantes con 161 miembros y el Senado
con 102. Los miembros de ambas cámaras son elegidos de forma directa
por sistema proporcional, la duración de su mandato es de cuatro
años y no pueden ser reelegidos de forma consecutiva. La abstención
electoral junto con el fraccionamento de los partidos políticos ha
debilitado el papel del Congreso como órgano legislador y como centro
del debate político y es muy impopular debido a la existencia de
prácticas clientelares y de corrupción.
El poder judicial
La rama judicial la forman la Corte Constitucional,
la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior
de Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales
y jueces civiles y militares. A la vez, el Congreso también podrá
ejercer determinadas funciones legislativas. La Constitución de 1991
diseñó un modelo de justicia altamente politizado, y el resultado
ha sido la existencia de injerencias del ejecutivo en los nombramientos
clave del ramo, especialmente en el del Fiscal general, en el que se concretaron
enormes poderes discrecionales. La Constitución de 1991 reorganizó
el sistema de justicia civil que teóricamente es independiente del
ejecutivo y el legislativo. Pero los miembros del aparato judicial son objeto
de acciones intimidatorias cuando se tratan casos relacionados con miembros
de las Fuerzas Armadas, paramilitares, guerrilleros o narcotraficantes.
El sistema de justicia civil incorpora la jurisdicción
regional que procesa los crímenes relacionados con tráfico
de narcóticos, terrorismo, secuestros, etc. En estos tribunales los
jueces, los testimonios, los fiscales y los abogados quedan en el anonimato
por razones de seguridad. Esta modalidad de impartir justicia ha recibido
condenas desde grupos de defensa de los Derechos Humanos ya que vulnera
las normas legales y los drechos de procesamiento. Según el Estatuto
Legal de Justicia este tipo de tribunales tendrían que desaparecer
en junio de 1999.
Poder judicial y militares en Colombia
La institución judicial sufre la influencia
de los mandos militares que habían conseguido que se legislase que
cualquier actuación realizada en acto de servicio se considerara
dentro de la jurisdicción militar y fuese juzgada por tribunales
militares. La Corte Constitucional excluyó la posibilidad de que
las violaciones de Derechos Humanos pudiesen ser consideradas en relación
al servicio militar y se habían de juzgar por tribunales civiles.
Pero se han dado casos de violaciones de Derechos Humanos por parte de militares
que han sido juzgadas por tribunales militares. La impunidad de las Fuerzas
Armadas en este sentido se deja sentir en la justicia colombiana.
Caracterización del Estado colombiano
El Estado colombiano se caracteriza por ser un ente
débil, puesto en la mayoría de los casos al servicio de los
intereses particulares de las elites que fueron representadas políticamente
a través de la hegemonía liberal-conservadora durante el Frente
Nacional y que actualmente continúan representadas a través
de los liberales, conservadores o de sus propios partidos (com independientes).
La debilidad del Estado se hace patente en su incapacidad para controlar
la corrupción generalizada que implicó una deslegitimación
de las instituciones públicas y privadas. Pero la corrupción
también ha sido estimulada por la debilidad de los partidos políticos
y por la existencia y arraigo del narcotráfico a todos los niveles
(social, económico, político, etc) de la sociedad colombiana.
Asimismo, la situación de violencia continuada que vive el país
desde la época del Frente Nacional ha contribuido a organizar las
Fuerzas Armadas y prever otros mecanismos para combatirla con las armas
pero con resultados poco vistosos y con serias consecuencias respecto al
tema de los Derechos Humanos.
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Historia constitucional
Para más información de la historia
constitucional
La Constitución de 1991 y la reforma constitucional
de 1996
En 1991 se promulgó la nueva constitución
en la que se desmantelaron todos los elementos del gobierno de coalición
que existían desde 1974. La preparó una asamblea constituyente,
designada por elección popular, en la que tuvieron una presencia
importante representantes de un grupo de la guerrilla (la Alianza Democrática
M-19) que se había desmovilizado (19 de los 70 constituyentes pertenecían
a esta formación, junto con 24 representantes liberales y 20 conservadores),
pero en la que tuvieron presencia otros grupos guerrilleros desmovilizados
entre los que figuraba el grupo indigenista Comando Quintín Lamé,
un sector del EPL (Ejército Popular de Liberación), el PRT
(Partido Revolucionario de los Trabajadores), etc.
Rasgos característicos de la Constitución
de 1991
Las características que se destacan de la Constitución
de 1991 son:
1) Incorporación de extensas referencias a
derechos económicos, culturales, ambientales y a los Derechos Humanos,
incluidos el derecho a la integridad física y a la protección
contra las desapariciones forzadas. A la vez proporcionaba también
salvaguardas contra actos arbitrarios del Estado creando el cargo de Defensor
del Pueblo y el derecho de tutela que permite a los ciudadanos solicitar
rápidamente protección legal si se violan o amenazan sus derechos
fundamentales. De momento, la mayoría de los mecanismos de protección
de los Derechos Humanos existen únicamente sobre el papel.
Con la Constitución de 1991 también
se revocaron numerosas restricciones a la efectiva competencia o al debate
público que estaban vigentes en las sucesivas reformas de la anterior
norma constitucional. Pero todavía continuaban vigentes límites
a la participación plena de los grupos sociales.
2) La Constitución de 1991 no abordó
la reforma de las Fuerzas Armadas. Asimismo aunque se defendían los
Derechos Humanos también se garantizaba el mantenimiento de la impunidad.
Confirma la jurisdicción de los tribunales militares sobre los delitos
atribuidos a miembros de las Fuerzas Armadas e introduce la jurisdicción
militar por delitos cometidos por policías (artículo
221). De esta manera se impide que los tribunales
civiles investiguen las violaciones de Derechos Humanos. La Constitución
va introdujo también la inmunidad de procesamiento por ‘obediencia
debida’, por la que se exime de castigo a los soldados y oficiales
de menor graduaciónn de las Fuerzas Armadas que puedan demostrar
que actuaron siguiendo órdenes.
3) La Constitución de 1991 substituyó
el estado de sitio por un sistema gradual de poderes de emergencia: el estado
de ‘conmoción interior’ el estado de ‘guerra exterior’.
Y se limitaron los poderes del ejecutivo para mantener indefinidamente el
estado de emergencia introduciendo controles políticos y judiciales
para la renovación de las medidas de emergencia a partir de 180 días.
4) Respecto al ámbito jurídico, la Constitución
dio cabida a una justicia paralela para la oposición política,
y la adscribió a la rama de la ‘justicia ordinaria’ donde
dio cabida a las figuras de jueces secretos, procesos secretos, etc.
5) Se reclasificó el enemigo interior com terrorista,
y se tipificó el terrorismo en el Código Penal.
6) Se establecieron, por una parte, diversas formas
de participación política entre las que destacan el referéndum
y la revocación del mandato, y por otra, se fija un compromiso del
Estado para reforzar la red de organizaciones con la finalidad de crear
mecanismos de participación, concertación y control de la
gestión pública.
7) Reforma de la organización y administración
territorial para propiciar la descentralización.
Problemática de la ejecución de la
Constitución del 91
La aplicación de la Constitución recae
sobre el Congreso, pero en el momento en que se propuso la disolución
del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones la mayoría de
los congresistas estuvieron en contra de la revocación de su mandato.
Aunque la revocatoria fue pactada en 1991, se declaró inhábiles
a los constituyentes para participar en las nuevas corporaciones, y esto
significó dejar en manos de un congreso que no participó en
el proceso la tarea de reglamentar la nueva constitución.
Reforma y propuestas de reforma política
En 1995 el gobierno Samper se plantea la reforma de
los partidos políticos. Se apreciaba como un aspecto primordial en
la democratización del sistema político colombiano. En este
sentido, a mediados de 1995, Ernesto Samper creó una comisión
para la reforma de los partidos políticos. La reforma de los partidos
políticos implicaba, por una parte, la reforma de la reciente promulgada
constitución de 1991 en unos momentos de crisis de legitimidad, y
por otra, que la reforma quedaria en manos del Congreso (la posición
de los congresistas era muy conservadora y ya se había expresado
previamente cuando se propuso la redacción de la constitución
del 91).
La reforma abarcaba la financiación estatal
de las campañas por la Presidencia y el Congreso (hasta ese momento
la financiación no era estatal y eso implicaba la existencia de inyecciones
de dinero por parte de sectores interesados y el mantenimiento del clientelismo
y la corrupción), la substitución de la Contraloría
General por un tribunal nacional de cuentas y la independencia de la Defensoría
del Pueblo de la Procuradoría General de la Nación. También
se hacía referencia a la obligatoriedad del voto en las presidenciales
del 98 y del 2002, la eliminación de la vicepresidencia, y la unificación
y ampliación a cuatro años del mandato de alcaldes, gobernadores
y regidores. Se propuso la eliminación de las incompatibilidades
para congresistas y el aumento de las inhabilidades entre alcaldes y gobernadores,
así como la unificación del calendario electoral. También
se propuso una reducción de las atribuciones de la Corte Constitucional,
que no podría pronunciarse sobre la constitucionalidad de los estados
de excepción declarados por el ejecutivo.
Por otra parte, también surgieron temas como
el de la extradición. Respecto a la extradición el Ministro
de Justicia presentó dos proyectos de ley que hacían referencia
a la extinción del dominio sobre bienes que provenían directa
o indirectamente del enriquecimiento ilícito, y a aumentar las penas
por delitos como el enriquecimiento ilícito, narcotráfico,
secuestro, etc. Tanto la extinción del dominio como el aumento de
penas constituían una forma de combatir el crimen organizado. Al
final, respecto a la extinción del dominio se aprobó la reforma
sin limitaciones haciendo posible que el gobierno recupere el control sobre
propiedades que pueden ascender a más de 50.000 millones de dólares.
Respecto al aumento de las penas por narcotráfico se adoptaron medidas
como 45 años de prisión por los jefes de la organización
así como multas milionarias a las entidades que faciliten el blanqueo
de dinero.
Pero el Congreso comenzó tratando el tema de
la extradición de colombianos de nacimiento (artículo 35 de
la Constitución), que se hundió después de que se resolviera
con una proposición que, además de eliminar la prohibición
constitucional de extradición, introducía una serie de requisitos
para la aprobación de la extradición que quedaban constitucionalmente
consagrados y que hubieran impedido la aplicación de la extradición
.
En 1996, la vida de la reforma no parecía muy
larga. Las reformas constitucionales necesitan la aprobación por
parte del Congreso en dos vueltas, cada una en una legislatura y de manera
consecutiva. Si la reforma no se aprueba en la primera legislatura, ésta
ya no progresa. A pesar de los obstáculos, la reforma se aprobó
en una primera vuelta gracias al apoyo del bloque oficialista.
Actualmente, rige la constitución
del 91 con las reformas de 1997, pero ya se plantea
la idea de la reforma
política tanto para favorecer la democratización
de la vida política colombiana como para propiciar la resolución
del conflicto interno del país.
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Sistema de partidos
Los partidos políticos son cruciales para
determinar quien gobierna en Colombia.
Partidos tradicionales
El sistema de partidos colombianos se caracterizan
por el elitismo y el dualismo de sus dos partidos tradicionales: Partido
Liberal y el Partido Conservador (que cambió su nombre por el de
Partido Social Conservador en 1987). Las elites de estos dos partidos han
conseguido dominar las instituciones políticas del país, a
la vez que ocupan todas las posiciones de liderazgo en la nación.
Los dos grandes partidos tradicionales son confederaciones basadas en organizaciones
de partidos lideradas i dependientes de los ‘gamonales’ que adquieren
su posición en función de su pertenencia a determinadas familias
(por nacimiento) o a través de conexiones con ricas y prestigiosas
familias que forman parte de la cúpula del partido. Los 'gamonales'
conservan sus posiciones mediante lealtades personales. Así pues,
no se pueden definir los partidos tradicionales colombianos como partidos
de masas que integran individuos y grupos. Según Gilhoden los partidos
colombianos tradicionales se caracterizan por que:
1) En su cúpula son agrupaciones de notables
2) La cohesión interna de los partidos proviene
de elementos culturales comunes
3) Se activan en tiempo de elecciones. De hecho, estos
partidos, a través de las alianzas tradicionales, son capaces de
grandes movilizaciones en época de elecciones.
4) Cuentan con estructuras mínimas i sin disciplina
5) Los elegidos no se sienten obligados a acatar la
disciplina de partido
El sistema de partidos actual está directamente
relacionado con los acontecimientos y las dinámicas derivadas del
período del Frente Nacional. En Colombia los partidos tradicionales
pudieron mantener su posición hegemónica, debido a la falta
de oposición obrera y de un partido centrista con arraigo electoral.
Así, para los partidos colombianos fue más fácil integrar
movimientos nuevos y unirse en una estrategia común para frenar el
crecimiento de los partidos de izquierda y de partidos populistas independientes.
Cuando la estrategia de integración fallaba se optaba por el exclusismo
de fuerzas políticas no tradicionales en el gobierno o bien por la
opresión o el asesinato. Recientemente, el asesinato ha sido utilizado
contra la Unión Patriótica (brazo político de las FARC
-Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-) y la Alianza Democrática
M-19. Además se puede decir que en Colombia los vínculos entre
partidos políticos y organizaciones sociales son más débiles
que en los restantes sistemas de partidos democráticos más
estables con lo que la participación social dentro de la política
nacional no es relevante. Por otra parte, se observa la creación
de movimientos a nivel local pero sin incidencia a nivel nacional.
Los partidos políticos han conseguido dominar
el sistema político debido a la inexistencia de alternativas viables
a nivel nacional, en el caso colombiano, los partidos políticos no
representan adecuadamente los intereses del total de la sociedad y, por
tanto, el conflicte adopta otras formas, a menudo violentas.
Según Lawrence Boudon, en el caso colombiano
se observa como los políticos han dejado de representar los intereses
de los votantes, dejando a la población fuera del sistema político
y produciendo una profunda crisis dentro de los partidos.
Estructura de los partidos políticos
La organización del partido es débil
y gira en torno a los respectivos líderes. Las pautas de autoridad
entre patrones y clientes caracterizan desde hace mucho tiempo los partidos
latinoamericanos, especialmente en Brasil y Colombia, donde los ‘coroneis’
y los ‘gamonales’ ejercían, respectivamente, su dominio
en las zonas rurales y eran el vínculo crucial entre los líderes
de los partidos y los votantes. De esta manera se resalta la existencia
de relaciones clientelares, que se traducen en la compra de votos de los
electores a cambio de favores individuales o colectivos. Estas relaciones
clientelares se ven favorecidas por el mantenimiento de la estructura de
la que forman parte los 'gamonales'.
Otra característica de los partidos políticos
tradicionales en Colombia es su grado de fraccionamento. Tanto el Partido
Liberal com el Partido Conservador están divididos internamente en
base a rivalidades tanto personales com regionales com temáticas.
Se puede interpretar que el faccionalismo ayuda a perpetuar el sistema bipartidista
substituyendo lo que podría ser un sistema multipartidista muy fragmentado.
El marcado faccionalismo ha sido una manifestación de la erosión
de las organizaciones partidistas en las décadas recientes. De hecho,
las facciones pueden presentar su propio grupo de candidatos con la consiguiente
pérdida del control organizacional sobre la selección de los
diversos candidatos. Por otra parte, es determinante la influencia de los
ex-presidentes en los partidos que, a la vez que unifican el mismo, agudizan
el debilitamiento de sus instancias directoras.
El clientelismo (un factor importante en el funcionamiento
del sistema político), la crisis de los partidos tradicionals, la
ineficacia administrativa, el exclusismo político, el retraso de
la modernización política crearon un clima de desconfianza
en el régimen político y de aquí se derivó una
profunda crisis de legitimidad del sistema político (Gobierno, Congreso,
corporaciones públicas) pero también existe una crisis de
credibilidad hacia las Fuerzas Armadas, la justicia y los organismos de
control del Estado.
Partidos políticos actualws en Colombia
Los partidos que actualmente
tienen representación parlamentaria resultado de las elecciones para
el Senado y la Cámara de Representantes del 8 de marzo de 1998 son:
**Partidio Social Conservador: El PSC se considera
de centro-derecha. Tradicionalmente este partido se ha decantado por un
gobierno fuerte y por una cooperación intensa con la iglesia católica,
aunque en los años 80 le han dado un empujón reformista a
sus propuestas políticas, sobre todo en las centradas en el desarrollo
social y la lucha contra la pobreza. En la práctica, la política
del PSC no se diferencia mucho de la del Partido Liberal.
**Partido Liberal: se le considera como reformista
moderado. Tienden hacia la práctica de una política económica
liberal con contenido social. Se considera el partido más representativo
de los intereses urbanos y industrial, aunque tiene cierto apoyo en las
zonas rurales.
**Nueva Fuerza Democrática fundada por Andrés
Pastrana, también es una fuerza conservadora
**Movimiento de Salvación Nacional: fue creado
en 1990 y es de tendencia conservadora, fue el partido más votado
en la Asamblea Constituyente y ha represerntado la línea más
doctrinaria del conservadurismo.
**Alianza Democrática M-19: fundada en 1990
cuando la organización guerrilla M-19 depuso las armas y aceptó
la competencia electoral para conseguir poner en práctica sus finalidades
políticas, se considera de tendencias de extrema izquierda.
**Unión Patriòtica: partit de tendència
marxista, considerat com el braç polític de les FARC
Existen en Colombia otros
partidos políticos.
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Otros actores importantes
Según Lawrence Boudon, el vacío dejado
por los partidos políticos ha sido llenado por otros actores como
la iglesia, los gremios, y facciones de las Fuerzas Armadas, así
como por los narcotraficantes y la guerrilla. Tradicionalmente las Fuerzas
Armadas y la iglesia católica han jugado un papel importante en el
sistema político colombiano.
Iglesia
Respecto a la Iglesia, se ha de decir que la iglesia
católica colombiana ha sido una de las más ortodoxas, conservadoras
y poderosas de las iglesias latinoamericanas. A finales de los años
80, la iglesia tenía gran influencia dentro del Partido Social Conservador
y mantenía estrechas relaciones con diferentes gremios como la Unión
de Trabajadores Colombianos y la Federación Agraria Nacional. Además
la iglesia tiene un papel importante en dos ámbitos sociales concretos:
el de la educación y el de las activitades de beneficencia. La iglesia
es un actor político con peso dentro de las decisiones políticas
estatales, debido a la vinculación de la jerarquía católica
con las clases altas y medias de la sociedad colombiana. La participación
de la iglesia en la vida política se manifesta en los procesos de
pacificación y diálogo entre el Estado y los diferentes grupos
guerrilleros.
Fuerzas Armadas
A su vez, las Fuerzas Armadas colombianas han sido
tradicionalmente débiles, pobres y carentes de prestigio pero tienen
una influencia determinada dentro del Estado. En Colombia, las Fuerzas Armadas
colombianas se han diferenciado de otras del continente por el hecho de
que durante casi medio siglo han estado ocupadas de forma constante en operaciones
militares activas (contra la guerrilla, los paramilitares, o contra los
dos). La expansión del papel de los militares está ligada
estrechamente al fenómeno rural y político de ‘la violència’.
Al desaparecer gradualmente este enfrentamiento, surgió uno nuevo:
la guerra de guerrillas. Así que el ejército siemre ha estado
dividido en unidades pequeñas y disperso por el país, patrullando
y rastreando por las zonas inseguras, rebeldes y hostiles. Acostumbrado
a la guerra antisubversiva, compuesto por pequeños destacamentos,
no ha sido el tipo de ejército que organiza golpes de Estado. Sin
embargo, las Fuerzas Armadas colombianas, al menos a nivel local, ejercen
cierta influencia ya que sus cuadros de mando subsisten con frecuencia a
una administración civil que parece incapaz de cumplir con sus tareas.
Las Fuerzas Armadas van aumentando su poder debido básicamente a
la situación casi permanente de estado de sitio en la que ha vivido
el país desde los tiempos del Frente Nacional. Los decretos 717 y
900 de 1997 con los que se crearon las zonas especiales de orden público
en las que los militares y la policía pueden restringir los derechos
de circulación y residencia, así como realizar violaciones
de domicilio y rupturas sin orden, entre otras cosas.
El papel de las Fuerzas Armadas colombianas ha sido
el de liquidar toda opción política que el sistema no haya
podido absorver a través de la asimilación y el transformismo.
El método utilizado es cerrar todas las salidas legales a los de
fuera, recorriendo a las Fuerzas Armadas para acabar con los intransigentes
que se hayan visto empujados a utilizar la violencia. Así pues, las
Fuerzas Armadas han constituido un elemento importante del régimen
establecido al que respetan únicamente mientras el gobierno en el
poder no cambie su trato respecto a los militares. Si se le deja (a las
Fuerzas Armadas colombianas) las mano libres, o casi libres, en la lucha
contra la guerrilla y se les da la suficiente autonomía en las cuestiones
relativas a las finanzas y a la organización interna, los militares
aceptan sin trabas que las otras esferas estén fuera de su control.
De hecho, los militares parecen ocuparse de cuestiones
relacionada con el orden público con una libertad casi total y se
les ha relacionado con la ‘guerra sucia’ que sufre el país,
a la vez que se han podido establecer relaciones entre los militares y los
paramilitares.
Grupos de presión económicos
Respecto a los gremios o asociaciones económicas,
éstas se organizan en asociaciones con afiliados a nivel local y
departamental. Los gremios existen en diferentes ámbitos como la
agricultura, la banca, el comercio, la construcción, etc. Estos gremios
se configuran como grupos de presión que influencian a los líderes
gubernamentales para conseguir que se reglamenten políticas favorables
a sus intereses. De hecho, durante los años 80, las decisiones en
temas de política económica estuvieron en manos de comisiones
compuestas por representantes de los diferentes gremios como ANDI (Asociación
Nacional de Industrias), FEDECAFE (Federación Nacional de Cafeteros
de Colombia), etc.
La parcelación del poder con la que ha funcionado
Colombia, en la que cada sector recibía su parte del pastel, ha conseguido,
hasta ahora, garantizar una especie de equilibrio y de estabilidad política
entre los diversos sectores que participan en la distribución de
recursos. Pero la entrada de nuevos actores, como puede ser el caso de los
narcotraficantes puede desequilibrar el sistema.
Narcotraficantes
Actualmente, los narcotraficantes son un grupo de
interés y de presión clave para explicar algunas de las políticas
y actuaciones gubernamentales y paramilitares. Así pues, los narcotraficanttes
han actuado como un grupo de presión que, a través del terrorismo
y las influencias políticas, se han orientado hacia la consecución
del reconocimiento jurídico, económico y social. Ejemplo de
la influencia de los narcotraficantes sobre la vida política colombiana
se expresa en la reforma constitucional que afectó a la cláusula
de extradición de colombianos de nacimiento (y, por tanto, referida
a los narcotraficantes de los diferentes cárteles colombianos) a
Estados Unidos.
Los narcotraficantes
han penetrado dentro de los sistemas financiero, económico,
social, jurídico, policial y político del país y financian
grupos paramilitares, organitzaciones de sicarios, etc. Y controlan más
de cuatro millones de hectarias de las mejores tierras y son terratenientes
en 11 de los 32 departamentos de Colombia, produciéndose una contrarreforma
agraria que afecta a multitud de campesinos y que supone un elemento más
a añadir a los factores que interactúan en la dinámica
del conflicto interno colombiano.
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Cultura política
La experiencia democrática colombiana ha
sido ambigua debido a la ausencia de competencia política durante
el período del Frente Nacional. Después de 1958 se observa
la existencia de una participación electoral relativamente baja debido
a los niveles de disgregación del Estado y debido a que la monopolización
de los dos partidos políticos del sistema y las instituciones estatales
(y de los recursos que se derivan de éstas) ha producido cierto desinterés
en el proceso político y en el de la toma de decisiones.
La cultura política de Colombia se caracteriza
por ser de naturaleza fuertemente personalizada. Esto es consecuencia de
las relaciones clientelares que tradicionalmente se han llevado a cabo en
el ámbito político y que dependen de la subordinación
y lealtad de las clases bajas. A la vez estas clases han encontrado en el
clientelismo un canal de acceso a beneficios sociales y económicos
de los que estarían excluidos si no entraran en la dinámica
clientelar. Las elites justifican el liderazgo gubernamental con un discurso
paternalista en el que ellas mismas adopten decisiones y cuiden de la nació
y de su gente. La aceptación del discurso paternalista por parte
de las clases bajas se ha erosionado desde 1970.
Tradicionalmente se entiende que exsite un fuerte
afiliación partidista, y un profundo sentimiento de identificación
que la familia transmite a pesar de la débil penetración de
los partidos políticos tradicionales en la sociedad civil. De hecho,
desde 1933 hasta 1990, el 88% de los municipios colombianos han mantenido
su lealtad hacia alguno de los dos partidos tradicionales.
Pero, a pesar de la fidelidad partidista, encuestas
citadas por Lawrence Boudon rebelan que entre 1994 y 1995 el porcentaje
de colombianos que confiaban en los partidos políticos bajó
del 22% al 16%. Además, en términos de instituciones, los
partidos políticos están en último lugar, por detrás
del Congreso que también sufre un gran desprestigio. Sin embargo,
no se puede afirmar que la desconfianza en las instituciones políticas
signifique un rechazo a la democracia o una preferencia por opciones autoritarias.
De hecho, una encuesta realizada entre 1991 y 1992 por Haggard y Kaufman
evidencía que un 84% en 1991 y un 72% en 1992 de los colombianos
pensaban que era mejor un gobierno democráticamente elegido.
Cultura política y crisis de representación
Existe una crisis de representación que está
directamente ligada a la corrupción (a todos los niveles), la impunidad
(relacionada con las acciones de las fuerzas del orden público cometidas
en contra de defensores de los derechos civiles o de las operaciones de
limpieza social) y los vínculos de miembros de la clase política
con los cárteles de la droga. La corrupción afecta (en diferente
grado) a la vida institucional del país. En 1985 el Procurador General
declaraba que ‘la corrupción administrativa estaba generalizada.
En 1994 un estudio de la Controladuría General de la República
evidenciaba que la corrupción llegaba a todos los niveles de la Administración
y comprometía a ministerios, fuerzas públicas, empresas estatales,
etc. Según la Controladuría en un estudio de 1994, los ciudadanos
pensaban que las entitadades más corruptas eran, por orden, el Departamento
administrativo de Tráfico y Transportes, la Policía, el Instituto
de Seguros Sociales, empresas municipales (agua, energía y teléfono),
Aduana (que no existe actualmente) y Alcaldía.
La cultura colombiana ha sido influenciada por la
dinámica clientelar forjada a través del período del
Frente Nacional, de forma que se ha ido materializando la idea de actuar
a través de canales informales para conseguir más y más
pronto. Del Frente Nacional también se heredaron e intensificaron
ciertas prácticas como la tolerancia en el uso de la intimidación
y de la utilización de la violencia para favorecer sectores próximos
y disuadir a sectores de oposición. Se añade a esta situación
el fenómeno del narcotráfico, que ha generado un cambio de
valores en la sociedad que se traducen básicamente en una permisividad
hacia las actuaciones ilegales, y ha exaltado la posesión de dinero
y de bienes materiales sin importar cómo se han conseguido.
Sociedad civil
Asimismo, la sociedad civil colombiana, igual que
el estado, es débil. Formalmente existen multitud de organizaciones,
que han sido objecto de diversos ataques y acciones violentas contra sus
miembros, pero éstas no han conseguido articular las demandas de
la población en relación al Estado. Por su parte, el Estado
no representa los intereses mayoritarios de la población, es incapaz
de aplicar y hacer respetar la ley y ha facilitado el surgimiento de alternativas,
a menudo armadas, de resolución de conflictos que a su vez genera
una pèrdida de legitimidad de las instituciones constitucionalmente
establecidas.
A la vez el Estado colombiano sufre un deterioro progresivo
de su imagen exterior debido a los informes desfavorables sobre la situación
de los Derechos Humanos en el país.
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Movilizaciones agrarias y violencia rural
El tema de la reforma agraria y de la propiedad
de la tierra ha movilizado a la población rural y a la población
indígena que habita en zonas rurales, asismismo también desde
el gobierno se hicieron propuestas y se realizaron actuaciones para afrontar
la cuestón de la distribución y reparto de al tierra.
Igual que en otras zonaas de la región andina,
la historia de las haciendas colombianas durante todo el período
colonial y los primeros años de la independencia fue una historia
de usurpación de tierras indias y de subordinación de los
trabajadores procedentes de les comunidades de las tierras altas. Sin embargo,
durante la segunda mitad del siglo XIX la creciente demanda de cosechas
comerciales, sobre todo de café, ocasionó un proceso de colonización
intensiva de las ‘laderas’ de las montañas y los valles
centroccidentales.
El proceso significó la ocupación de
más tierra comunal, pero principalmente desocupada y pública;
grandes movimientos de población; la construcción de carreteras
y ferrocarriles; la mecanización de la producción, y la dislocación
general de la sociedad. En las zonas productoras de café, los terrajeros
y los colonos que habían quedado incorporados por completo a la economía
de mercado protagonizaron actos aislados de resistencia y protesta contra
la expansión de las haciendas y de los comerciantes monopolizadores.
En ciertas zonas indias, tales como Nariño, Cauca del Norte y Tolima
del Sur, surgieron organizaciones comunales, entre las que destacaba la
liderada por Manuel Quintin Lame en Cauca, que exigían la autonomía
política y la devolución del resguardo (tierra patrimonial).
El Estado colombiano siempre ha defendido los intereses
de los grandes terratenientes dejando de lado las necesidades de los campesinos,
aunque se han realizado tentativas de reforma agraria.
Existen precedentes de la violencia rural en Colombia
en los años 50 y 60. Se podían distinguir al menos cuatro
tipos de situaciones que generaban violencia rural. Al primero se le ha
de dar el nombre de ‘la venganza de los hacendados’ contra los
campesinos que antes habían ocupado latifundios o reivindicado terrenos
desocupados e intentado lanzar un desafío a la dominación
de la clase terrateniente. El segundo tipo, que era frecuente en las zonas
donde existían propiedades medianas y pequeñas, estaba relacionado
con las rivalidades entre familias y aldeas por la propiedad de la tierra
y el control político. El tercer tipo se encontraba en las zonas
donde los principales terratenientes y patrones habían huido, dejando
a sus clientes en medio de disputas interminables e irresolubles por los
recursos económicos y políticos. Finalmente, un cuarto tipo
definido de forma menos clara ocurría cuando los hacendados liberales
rebeldes reunían a sus trabajadores para atacar a las autoridades
conservadoras y a sus aliados. Consecuencia frecuente de estas situaciones
en el nivel local era la aparición del bandidaje y de las guerrillas
partidistas. El resultado global era una guerra civil dentro de las clases
y entre las clases. Después de diferentes gobiernos a principios
de la década de los 60 era evidente la existencia de un problema
en el campo colombiano que se caracterizó por una ininterrumpida,
hasta el momento, guerra de guerrillas.
Los guerrilleros rurales de Colombia tenían
una larga historia y un liderazgo fuerte que era a la vez comunista y de
origen campesino. Contaban con el apoyo de un número reltivamente
alto de campesinos anticonservadores, movilizados. Estos grupos se habían
instalado en forma de ‘repúblicas campesinas independientes’
en Marquetalia (sur de Tolima), Río Chiquito (noreste de Cauca),
El Pato y Guayanero (este de Huila), Viotá (este de Tolima) Tequendama
(Cundinamarca). Eran, de hecho, verdaderos reductos de gobierno comunista,
con sus propios sistemas de producción, policía, Fuerzas Armadas,
y administración de jusitica. Los sucesivos gobiernos del Frente
Nacional, presionados por Estados Unidos y con el apoyo financiero y asesor
de la CIA lanzaron una ofensiva contra los insurrectosm el objetivo de la
cual era la destrucción total de los baluartes de los guerrilleros.
Fue el inicio de la disolución de las repúblicas campesinas
independientes. Pero las operaciones provocaron que miles de campesinos
se pusieran otra vez en marcha y que muchos de ellos se dedicaran al bandolerismo.
Otros organizaron bandas de guerrilleros móviles. Estas bandas celebraron
varias conferencias bajo la presidencia de Tirofijo, y en 1966-ahora con
la aprobación oficial del X Congreso del Partido Comunista- decidieron
fundar una organización global: las Fuerzas Armadas de la Revolución
Colombiana (FARC).
En Colombia, la apertura democrática que tuvo
lugar después de 1966 permitió que surgiera la Asociación
Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), que se convirtió probablemente
en la organización de masas más importante de la América
Latina rural durante los últimos años 60 y primeros de los
70. La ANUC abordó explícitamente la naturaleza heterogénea
de las reivindicaciones de las bases. Sus caravterísticas más
destacadas eran: a) la consolidación de la legitimidad representativa,
institucional, en el nivel nacional, b) la coordinación de reivindicaciones
heterogéneas, peticiones de tierra, acceso a créditosy mercados,
participación política, resurgimiento étnico) en un
único frente unido y c) la creación de una posición
política independiente desde la cual la ANUC, puediara negociar tanto
con el estado como con la izquierda política. Su posterior desaparición
la explican sus ambiguas relaciones con un estado que dudaba entre las prácticas
clientelares y las autoridades y también la competencia interna por
un liderazgo centralizado.
La principal reivindicación de los campesinos
sin tierra (el conjunto de terrajeros, aparceros y peones) de las haciendas
tradicionales de la costa del departamento de Atlántico y de las
‘llanuras’ orientales era que se expropiaran redistribuyerann
los latifundios, especialmente en las zonas donde se estaba expulsando de
las tierras a los campesinos que habían sido los primeros en dedicar
esta tierra al cultivo. Para los habitantes de los municipios indígenas
de Cauca y el sur de Tolima, la redistribución de la tierra debía
ir acompañada de la restauración de los antiguos ‘resguardos’
comunales. En laas zonas de pequeñas propiedades de orientación
-las ‘laderas’ de la cordillera de los Andes y de los valles del
interior- los problemas principales eran el acceso a créditos, tecnología,
mercados y precios razonables. Comunicaciones, comercialización y
servicios básicos también formaban parte de las reivindicaciones
de los pequeños y medianos propietarios de las zonas recién
colonizada de la costa del Pacífico y junto a la frontera con Venezuela.
Finalmente, el proletariado rural de las haciendas modernizadas del norte
y del oeste quería que sus puestos de trabajo fuesen seguros y sus
salarios, justo; y que se redistribuyera la tierra si estas reivindicaciones
no eran atendidas debidamente.
La reforma agraria ha sido un tema muy delicado en
Colombia debido a las fuertes presiones que los terrateniente han ejercido
tradicionalmente sobre el aparato gubernamental para mantener sus posesiones,
e incluso para ampliarlas. Actualmente, la situación del campesinado
se ve agravada por la aparición de los narcoterratenientes y, en
el caso de los pequeños agricultores cultivadores de coca y otras
sustancias, por la política de fumigación de los cultivos,
ya que la política de substitución de cultivos impulsada por
el gobierno no ha tenido el efecto esperado.
Durante el año1998 se han registrado diferentes
enfrentamientos entre ejército y guerrilla, estos enfrentamientos
añadidos a la violencia paramilitar impidieron la reactivación
del movimiento campesino justo cuando se observaba cierta revitalización
de este movimiento, sobre todo entre los cultivadores de coca, los cafeteros
arruinados, y los trabajadores de sectores agroindustriales como el banano.
La militarización de diversas zonas del sur tuvo como consecuencia
el aumento del control de la movilización rural en estas zonas, asimismo
la acción paramilitar en el norte y el centro y oriente del país
implicó el desplazamiento de muchos campesinos y la desactivación
parcial de la movilización.
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Grupos guerrilleros
La existencia de grupos
armados ilegales ha sido un problema en Colombia
desde los años cincuenta. La no resolución de los conflictos
económicos y sociales de las zonas donde la violencia se extendió
durante los 50 se puede considerar como origen del conflicto actual. La
guerrilla cuenta con una base social principalmente en las zonas donde el
Estado es ineficiente, débil o simplemente está ausente y
en aquellas regiones donde los conflictos derivadoss de la cuestión
de la propiedad de la tierra no se ha resuelto. Asimismo, la existencia
de grupos armados ilegales también se puede explicar por la práctica
exclusionista practicada por los partidos dominantes.
A finales de 1980, en Colombia existían cuatro
grandes grupos guerrilleros: FARC, el M-19, el EPL
y el ELN. Además de estos grupos importantes, estaban
activos grupos más pequeños y menos organizados como el MAO
(Movimiento de Autodefensa Obrera), el PRT (Partido Revolucionario de los
Trabajadores), el PL (Patria Libre) o el Comando Quintín Lamé
(que recibía un apoyo considerable de la población indígena.
En este período se podía decir que la guerrilla controlaba
el sur del Golfo de Urabá (en el departamento de Antioquia), el sur
de Huila, y la mayoría del departamento de Caquetá. Se consideraba
que eran zonas de control de las FARC parte de los departamentos de Huila,
Caquetá, Tolima, Cauca, Boyacá, Santander, Antioquia, Valle
del Cauca, Meta, Cundinamarca y la intendencia de Arauca.
En este mismo período el ELN actuaba en las
zonas del este de Colombia y en parte de los departamentos del Norte de
Santander, Santander, Bolívar, Cauca, Antioquia y la intendencia
de Cauca.
Actualmente, y después de los diversos procesos
y conversaciones de paz entre el Estado y los grupos guerrilleros importantes:
A) FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia),
comunista ortodoxa, que sitúa el origen de su nacimiento en la destrucción
de las ‘repúblicas campesinas independientes’ bajo la dirección
política del Partido Comunista. Su programa se concentra en la consecución
de una reforma agraria que devuelva a los campesinos las tierras confiscadas
por los terrateniente. Está liderada por Manuel Marulanda, alias
Tirofijo.
B) ELN (Ejército de Liberación Nacional),
se constituyó a mediados de 1964 dirigido por Fabio Vázquez,
se inspiran en la revolución cubana y en la teología de la
liberación. Su miembro más emblématico fue el sacerdote
Camilo Torres.
La actuación de las guerrillas han ido evolucionando,
así como sus formas de financiación y de relación con
los diferentes sectores sociales. Gonzalo Sánchez señala dos
bloques de diferencias entrela guerrilla de 1987 y la de 1997. La primera
diferencia está relacionada con las zonas de actuación de
la guerrilla. Existe una diversificación de zonas de actuación
que ya no se limitan a las zonas marginales de colonización de los
sesenta y setenta, sino que ahora se extiende a zonas selváticas,
zonas agrícolas del interior, mineras y centros urbanos. En 1994
se calculaba que las FARC tenían presencia en 464 de los aproximadamente
1000 municipios colombianos, el ELN en 251 y el EPL en 71. Desde el punto
de vista del número de efectivos de las guerrillas, si en 1991 los
grupos guerrilleross sumaban 7.673 combbatientes y 80 frentes, en 1.994
existían 10.843 guerrilleros/as distribuidos en 105 frentes. En 1.998,
las FARC hablan de que cuentan con 15.000 guerrilleros y los ELN unos 3.000
(aunque se podría aumentar su número hasta llegar incluso
a los 5.000). Se han de señalar una serie de factores que influyen
en el crecimiento de efectivos de las guerrillas como son el deterioro de
las condiciones sociales en el campo y el reclutamiento de jóvenes
parados en zonas urbanas.
En cualquier caso se evidencia una extensión
geográfica (los grupos guerrilleros controlan el 43% de los municipios
del país), militar y un aumento del poder militar de las guerrillas
respecto a tiempos pasados que se ha de poner en relación con otras
cuestiones como son el narcotráfico y los grupos paramilitares que
han cambiado la dinámica de confrontación anterior. Respecto
al cambio de estrategia, si anteriormente la guerrilla aspiraba a conseguir
o fortalecer su poder local, a pesar de esto, según Gonzalo Sánchez
se ha substitudo el objetivo de obtener influencia política para
la práctica de la intimidación y la coerción que tienen
como finalidad conseguir influenia local con el uso (potencial o real) de
las armas.
El tamaño y fuerza territorial de las guerrillas
han aumentado como consecuencia de la adopción de nuevas fuentes
de financiación, entre ellas las derivadas del narcotráfico.
Según la Consejería Presidencial de Seguridad y Defensa Nacional
la coca, amapola y gramaje representarían la mitad de los ingresos
de las FARC, y un 20% de los ingresos del ELN. Siendo el secuestro la segunda
forma de financiación de estos grupos. Así pues, en el caso
de las FARC el incremento de su poder económico pasa por el crecimiento
del narcotráfico en las zonas donde tiene cierto dominio: Tolima,
Cauca, Caquetá, Guaviare, Vichade, Huila y Casanare. Por otra parte,
parte de los ingresos que los grupos guerrilleros obtienen de la realización
de actividades varias se orientan hacia municipios bajo la influencia de
los guerrilleros, se convierten en créditos rurales, en serivicios
de salud, etc. Las acusaciones que pesan sobre los grupos guerrilleros de
contribuir, favorecer o beneficiarse del narcotráfico son contestadas
por estos grupos, especialmente por las FARC-EP negando cualquier vinculación
con el narcotráfico.
Por otra parte, sucesos exteriores como la caída
del bloque soviético, la situación de Cuba, la derrota del
sandinismo, etc., han hecho cambiar el entorno inmediato de las guerrillas,
pero no las han herido de muerte debido a la capacidad de maniobra interna
de la que disponen al ser autosuficientes desde el punto de vista financiero.
Las guerrillas, igual que los grupos paramilitares,
son también responsables del desplazamiento de población
rural , ya sea señalando a los campesinos
como colaboradores de las Fuerzas Armadas o de los grupos paramilitares
o bien por la limpieza de áreas que será zonas de ataque.
Asimismo, han contribuido al clima de temor que se vive en las zonas rurales
que forman parte de zonas de conflicto con repetidas violaciones de los
Derechos Humanos tal y como indican los diferentes informes de organizaciones
de defensa de los Derechos Humanos.
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Grupos paramilitares
El crecimiento del paramilitarismo
Partidos políticos:
se atribuye a la ineficacia de las Fuerzas Armadas colombianas
para controlar el fenómeno de las guerrillas, así como por
el apoyo que los grupos paramilitares reciben del narcotráfico y
de los terratenientes rurales. La aparición de estos grupos ha supuesto
un deterioro del orden público y de la violación de los Derechos
Humanos, especialmente en zonas del interior del país donde el Estado
es más débil.
El paramilitarismo (la llamada derecha armada y declarada
ilegal en 1989) adopta diferentes formas y diferentes nombres. Los grupos
paramilitares parecen actuar bajo la premisa de la protección de
determinados intereses tanto políticos, como económicos, con
la defensa de sectores relacionados con la actividad agropecuaria y el narcotráfico.
Además, se considera que algunos grupos paramilitares también
están vinculados con las Fuerzas Armadss.
Las llamadas Autodefensas, forman parte de este movimiento
paramilitar y cuentan con una organización jerárquica copiada
de la de los movimientos guerrilleros. Las Autodefensas se orientan a eliminar
a la guerrilla de la zonas en las que actúan y, de rebote, a eliminar
cualquier evidencia de inconformidad. Estos grupos tienen como origen la
doctrina de la seguridad nacional, que fue una estrategia contrainsurgente,
aplicada con rigor a partir de 1978. Aunque actualmente tienenn orígenes
y fuentes de financiación muy dispares, en muchas ocasiones tanto
ganaderos como narcotraficantes -los nuevos terratenientes en muchas regiones
colombianas (narcoterratenientes)- les han financiado directamente. Las
Autodefensas se han convertido en muchas zonas, segúan su propio
discurso, en la vanguardia de un ejército que ha demostrado que no
podía ganar militarmente a la guerrilla y se autoproclaman como la
única fuerza contrainsurgente de proyección nacional efectiva.
De igual forma, estas organizaciones luchan por entrar en las conversaciones
de paz como un actor más. Según Carlos Castaño, dirigente
de las Autodefensas Unidas de Colombia, el objetivo de estas organizaciones
es dominar los departamentos de Meta, Guaviare, Putumayo y Caquetá
(que son zonas de dominio de las FARC). Pero aunque se justifica la actuación
de las Autodefensas como fuerza contrainsurgente, se empieza a evidenciar
que existe algo más: la batalla por el control de las rutas de la
coca.
En regiones como Antioquia, las Autodefensas han recibido
cierta legalización mediante las CONVIVIR (Asociaciones Comunitarias
de Vigilancia Rural) creadas por el decreto 356 de 1994 y criticadas por
implicar a civiles en el conflicto. El Plan Integral de Seguridad Rural
puesto en marcha en 1994 incluía la creación de las CONVIVIR
que tenían que estar formadas por civiles y que operarían
a nivel local, su función sería la de aportar información
tanto sobre la guerrilla como sobre grupos paramilitares. Además,
se autorizaba a que estas organizaciones estuvieran armadas. En octubre
de 1997 la Superintendencia afirmaba que había expedido 414 licencias
que autorizaban la creación de estas organizaciones y que contaban
con unos 3.531 afiliados, pero la confederación que agrupa a estas
organizaciones daba la cifra de 700 CONVIVIR, con la consiguiente multiplicación
de sus afiliados. Según Amnistía Internacional, estas organizaciones
en muchas ocasiones ha derivado en nuevas organizaciones
paramilitares contrainsurgentes responsables de violaciones de Derechos
Humanos. Se ha comprobado que las CONVIVIR son
creadas por empresarios con recursos y que estas organizaciones responden
a los intereses de sus patrones, de esta manera se crean nuevas formas de
control social, económico y político sobre la población.
En septiembre de 1997, la Corte
Constitucional respaldó la vigencia y legalidad de estas organizaciones
a pesar de las violaciones de los Derechos Humanos de
las que se les hace responsables. Incluso el Comité de Derechos Humanos
de Naciones Unidas, en su 56 período de sesiones, recomendó
entre otras acciones al gobierno colombiano que revocara el decreto presidencial
que legalizaba a los grupos paramilitares a través de las CONVIVIR.
El 25 de julio de 1998, un 70% de las 414 CONVIVIR con la licencia espresaron
al gobierno de Andrés Pastrana su decisión de cancelar sus
licencias y contribuir de esta manera al proceso de paz.
Por otra parte, la posesión de la tierra y,
en concreto, la defensa de los intereses de los propietarios de tierras
(terratenientes y narcoterratenientes) también se combinan para explicar
la aparición de los grupos paramilitares. Los grupos paramilitares
armados han aterrorizado a los habitantes de las zonas agrarias colombianas.
Algunas de ellas, como los departamentos de Meta, Santader, Norte de Santader,
Cesar , Sucre, Bolívar, etc. son objetivo de la ofensiva paramilitar
actual. El alejamiento de los campesinos pobres de las tierras que cultivan
es imprescindible para aquellos individuos que quieren adquirir o explotar
las tierras en condiciones de seguridad, normalmente los campesinos no tienen
títulos de propiedad, así que si abandonan la tierra que cultivan
pierden automáticamente sus derechos de propiedad y no pueden volver.
De esta manera, los grupos paramilitares, que en muchas ocasines han señalado
a los campesinos como base social de la guerrilla, en connivencia con los
terratenientes pueden etiquetar a los campesinos como colaboradores de la
guerrilla y proceder a su persecucuón y/o eliminación en las
llamadas ‘operaciones de limpieza’. Consecuencia de estas prácticas,
el desplazamiento
forzado ha provocado una contrarreforma agraria
que se caracteriza por la concentración de tierras en manos de pocos
propietarios, algunos de ellos narcoterratenientes. Por otra parte, la actuación
de los grupos paramilitares ha permitido también reducir la probabilidad
de extorsiones y otras práticas por parte de las guerrillas que desincentivaban
la inversión en estas zonas y se ha creado un clima favorable para
los intereses de los grandes propietarios.
La impunidad con la que actuaban los grupos paramilitares
se vio parcialmente rota a raíz de las violentas actuaciones de los
paramilitares durante 1997 (los grupos paramilitares mataron a más
de 1000 personas en 155 masacres). Estas actuaciones condujeron a la creación
de una política gubernamental para combatir estos grupos y para hacer
efectivas las órdenes de búsqueda contra los jefes de estas
organizaciones ilegales. Se empezaron a registrar combates entre paramilitares
y fuerzas públicas pero sin resultados evidentes.
Por otra parte, se observa el surgimiento de nuevos
grupos de paramilitares como ‘Muerte a Comunistas y Guerrilleros’
y ‘Colombia sin guerrilla’ que tienen como objetivos potenciales
dirigentes políticos y sindicales.
La Tercera Cumbre de grupos paramilitares de 1996
anunció la decisión de operar también en los núcleos
urbanos. Con esta decisión se añade un nuevo componente a
la violencia urbana que afecta a la sociedad colombiana. La violencia urbana
se produce en base a diferentes actuaciones de diferentes grupos: acciones
de limpieza social de los llamados ‘desechables’ (entre los que
se encuentran prostitutas, niños que viven en la calle, drogadictos,
etc. y de la que se acusa a ciertos sectores de la Policía Nacional,
ya sea por acción o por omisión ), bajo la modalidad del sicariato(asesinos
a sueldo), bandas juveniles organizadas (en 1994, según la Fiscalía,
en la ciudad de Bogotá existían 107 pandillas juveniles actuando
en la ciudad), milicias vinculadas a la guerrilla, milicias de barrio, paramilitares,
bandas de atracadores, etc. Estos grupos se han desarrollado especialmente
durante la década de los 90.
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Procesos de paz
En Colombia son 16 los años que llevan negociando
la paz. La suspensión de la reforma agraria y de las medidas de desarrollo
rural desde finales del decenio de 1970 no había contribuido al proceso
de paz en el campo. Durante los diez últimos años se han alternado
períodos de intensa actividad militar, encaminada a erradicar las
organizaciones contrainsurgentes, con tentativas intermitentes de negociación
por una solución al conflicto. Desde inicios de los años 80,
los sucesivos gobiernos han entablado negociaciones con algunos o todos
los movimientos guerrilleros. En 1982, con el presidente Belisario Betancur
(1982-1986) se llevó a cabo el primer proceso de paz en Colombia.
Betancur ofreció una amnistía general a los guerrilleros que
fue aceptada pragamáticamente por un segmento de las FARC, pero no
por el M-19. De esta amnistía surgió la Unión Patriótica
(1985), movimiento de guerrilleros desmovilizados que se presentaron por
primera vez a las elecciones de 1986. En estas elecciones consiguieron tres
escaños en el Congreso. Desde su aparición los representantes
de la Unión Patriótica, tanto a nivel nacional como regional
o local, han sido víctimas de una campaña de asesinatos que
ha mostrado la cara más dura de la desmovilización. Asimismo,
y durante los últimos años han sido asesinados muchos guerrilleros
que optaron por la desmovilización.
El gobierno de Belisario Betancur introdujo elementos
nuevos en el proceso de resolución del conflicto interno. Se consideró
a las guerrillas (oposición armada) como un actor político
con el que era necesario dialogar y se reconoció la necesidad de introducir
cambios que orientasen a Colombia hacia una apertura democrática. Los dos elementos se combinaban de manera que la negociación
con la guerrilla tendría que plantearse su participación dentro
de un sistema político reformado que permitiera la expresión
de la disconformidad y una participación real en el gobierno de la
nación. Durante el gobierno de Betancur se llegaron a pactar altos
el fuego, se realizaron reuniones en las que se plantearon temas como la
reforma agraria, la situación social, económica, etc. en las
ciudades, reformas legislativas, y respeto por los Derechos Humanos. En
principio,no se llegaron a acuerdos definitivos, pero se inciaron conversaciones
con diferentes grupos guerrilleros como el M-19, sectores del EPL, el PRT,
el Comando Quintín Lamé, la Corriente de Renovación
Socialista y sectores de las Milicias Urbanas. La actitud de los militares
y de algunos sectores de la elite política era contraria a una solución
política del conflicto, y su postura fue reforzada por la continuada
actividad guerrillera y las violaciones del alto el fuego por ambas partes.
En 1985 el ‘proceso de paz’ estaba abocado
al fracaso, aunque hasta 1987 se mantuvieron conversaciones informales con
algunas organizaciones guerrilleras. Durante los años 80, el M-19,
el Comando Ricardo Franco Frente-Sur y el Comando Quintín Lamé
formaron la Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG) que en 1987 se reestructuró.
Se le añadieron las FARC, el ELN y el ELP y se convirtió en
la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) para emprender
acciones militares coordinadas y presentar un frente común en las
negociaciones con el gobierno. De esta decisión se presentaron en
1992 doce propuestas
de negociación que aún se mantienen.
Los gobiernos de los presidentes (1986-1990) y Gaviria
(1990-1994) también intentaron negociar con los guerrilleros e incluso
con los barones de la droga. Con el gobierno de Barco cambió la línea
de negociación iniciada por Betancur. Así, durante este período
se creó la Consejería para la Reconciliación, Normalización
y Rehabilitación de la Presidencia, que intentaba representar el
compromiso del gobierno por la negociación de la paz. Esta oficina
introdujo un nueva dinámica de negociación que se centraba
en los temas previamente elegidos por el gobierno y que consederaban negociables:
el proceso de desarme y la incorporación a la política legal
de los guerrilleros desmovilizados. Junto a esta estrategia el gobierno
de Barco introdujo un nueva política de reafirmación del Estado
en las zonas violentas que se orientaba en teoría a intensificar
la participación de la ciudadanía en las instancias de gobierno.
La nueva política gubernamental concedió una amnistía
para los miembros de los diferentes grupos guerrilleros desmovilizados que
se reorganizaron como partidos políticos. Así pasó
con el M-19, que se incorporró a la vida política como Alianza
Democrática M-19, y que participó
en las elecciones presidenciales de mayo de 1990 y en la Asamblea Nacional
Constituyente, celebradas en diciembre de ese año. En 1991 se desmovilizarons
tres organizaciones guerrilleras más, el Partido Revolucionario de
los Trabajadores, Quintín Lame y la facción mayoritaria del
EPL. Los dirigentes de estos movimientos fundaron partidos políticos
legales y participaron en la Asamblea Nacional Constituyente, así
como en las elecciones locales de 1992. Pero, a pesar de todo esto, el gobierno
de Barco no consiguió negociar con los principales guerrilleros:
FARC y ELN.
Según Jesús Antonio Bejarano, consejero
presidencial para la paz en el gobierno Gaviria, el gobierno quería
diferenciar entre solución del conflicto armado y discusión
de los grandes problemas nacionales con la guerrilla, continuando de esta
forma con la estrategia desmovilizadora de Barco y negando el carácter
político de la guerrilla que había caracerizado el proceso
de paz de Betancur. Además, la profundización de la violencia
en Colombia tuvo como respuesta gubernamental la declaración de ‘guerra
integral’ que no tuvo como resultado el debilitamiento de la insurgencia.
Por contra, la insurgencia respondió al gobierno de Gaviria con la
‘operación despedida’ que fue un período de fuerta
actividad guerrillera.
El gobierno de Samper (1994-1998) definió el
proceso de paz como uno de los puntos principales a tratar durante la legislatura.
De esta manera se creó el Consejo Nacional de Paz (formado por 60
personas: autoridades ejecutivas y legislativas de los niveles nacional,
departamental y municipal y diferentes representantes de sectores sociales)
que tenía como función asesorar al gobierno en la formulación
de una política de paz, y se renunció a la estrategia de Gaviria.
Los puntos que formulaba el gobierno de Samper eran: el establecimiento
de conversaciones con las guerrillas sin un alto el fuego previo, humanización
del conflicto (orientado a tratar la situación de los civiles y las
violaciones de los Derechos Humanos) y la potenciación de la participación
civil en el conflicto. La estrategia de negociación dio como fruto
la firma en febrero de 1998, en Madrid, de un acuerdo secreto entre el gobierno
y el ELN, que no prosperó debido a un escape de información.
La crisis gubernamental surgida a partir de la presunta financiación
con dinero del narcotráfico de la campaña de Samper impidió
avanzar en el campo de la negociación.
Andrés
Pastrana , antes de acceder al gobierno tuvo reuniones
con Manuel Marulanda, el líder de las FARC, que dio esperanzas sobre
el inicio de conversaciones de paz con las FARC. Sin embargo, la estructura
de las FARC, con diferentes frentes dirigidos por diferentes líderes,
puede implicar ciertos problemas.Las FARC, como organización, ha
dado a conocer sus condiciones para iniciar el diálogo con el gobierno:
desmilitarización de los cinco municipios donde se concentra su base
de poder, desmantelamiento de los grupos paramilitares, revocación
de las recompensas ofrecidas por la captura de los líderes de la
organización y no criminalización de la protesta social. Pastrana
ha accedido a la primera condición, aunque dentro del ejército
podría expresarse cierta resistencia ante este hecho. Por otra parte,
la actuación gubernamental respecto a los grupos paramilitares puede
ser motivo de controversia, ya que el control de estos grupos por parte
del Estado es muy relativo y porque los grupos paramilitares ven necesario
su integración en rondas de negociación trilaterales (Gobierno-guerrilla-paramilitares).
Por su parte, el ELN, siguiendo las condiciones del
acuerdo de Madrid, pide la financiación de la desmovilización
y la autonomía financiera (para evitar venganzas como las que se
adoptaron contra los miembros de la Unión Patriótica o del
EPL), pero no renuncia a las armas ni a sus zonas de influencia.
Los grupos paramilitares, encabezados por Carlos Castaño,
han hecho propuestas de negociación al gobierno, pero las propuestas
de negociación están siempre sujetas a la actuación
de los guerrilleros.
Las negociaciones de paz, además, afectarán
al ejército, un actor a tener en cuenta.Y se podría pensar
en la realización de una reforma de esta institución, que
fue una de las principales cuestiones pendientes en la Constitución
de 1991 y que podría formar parte de un acuerdo final de paz, junto
con el tema de la reforma agraria y de la estructura del poder local.
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Derechos Humanos
En Colombia la oposición política
es legal y se celebran elecciones democráticas. En la práctica
ejercer estos derechos puede ser peligroso, numerosos defensores de los
Derechos Humanos, acitivistas sociales, políticos, periodistas, etc.
han perdido la vida por expresar sus ideas, al fin y al cabo por motivos
políticos. Otras víctimas de la violencia política
en Colombia han muerto en enfrentamientos entre la guerrilla y las fuerzas
gubernamentales. En éstos, la población civil es la principal
víctima de la violencia política. Son normalmente campesinos
que vivían y cultivaban en las zonas de actividad guerrillera y donde
se realizan intensas operaciones de contrainsurgencia. En muchas ocasiones,
estos campesinos han sido víctimas de lo que se llama doctrina de
la ‘responsabilidad colectiva’- aplicada en Guatemala- y la de
‘sacarle el agua al pez’ -puesta en práctica en El Salvador-
por las que se considera a los civiles objetivos legítimos, el motivo:
residen en las zonas de operación de los grupos guerrilleros. Según
Amnistía Internacional
estas doctrinas, practicades en Colombia por Fuerzas Armadas y paramilitares
tratan de limpiar zonas concretas de base social de apoyo de la guerrilla
y, por otra parte, repoblarlas por personas que ofrecen ayuda a los paramilitares.
En 1992, la Comisión Andina registró
4.434 homicidios de carácter político, en 2.178 casos se tractba
de asesinatos políticos, en 1560 de mueros en cambate y en 505 de
homicidios en operaciones de ‘limpieza social’. Entre 1986 y 1993,
más de 20.000 personas perdieron la vida como consecuencia de la
violencia política. La violencia contra los civiles originada tanto
desde los grupos paramilitares, como desde las propias Fuerzas Aramadas
y desde la guerrillla continúan afectando de forma mayoritaria a
indígenas, campesinos, sindicalistas, así como a activistas
de los Derechos Humanos. Las violaciones de Derechos Humanos por las distintas
partes en el conflicto suponen una infracción constante de las normas
mínimas estipuladas en el derecho internacional humanitario. En el
caso de los paramilitares, guerrilleros y Fuerzas Armadas se ha obligado
a campesinos a hacer de guías de las diversas expediciones y quedar
expuestos a posibles represalias, así como a no poder acogerse al
Protocolo II, firmado por Colombia en fechas recientes.
Han sido las Fuerzas Armadas colombianas y los grupos
paramilitares los que han cometido más crímenes políticos.
Siendo los asesinatos extrajudiciales y políticos perpetrados por
ambas fuerzas más de las dos terceras partes de las muertes por razones
políticas. Sin embargo, se observa que la tendencia es la disminución
de los asesinatos políticos realizados de forma directa por miembros
de las Fuerzas Armadas a la vez que aumentan los realizados por los grupos
paramilitares. Los grupos paramilitares han actuado durante los años
1995 y 1996 especialmente en las zonas del norte y del noreste de Colombia,
y han cometido muchas violaciones de Derechos Humanos incluyendo la ejecucuón
extrajudicial de civiles (líderes sindicales, profesores, activistas
políticos, líderes indígenas y defensores de los Derechos
Humanos, etc.), especialmente en las zonas rurales. La actividad paramilitar
y las violaciones de los Derechos Humanos han aumentado espectacularmente
en los últimos años, tal y como indican los datos siguientes.
Evolución del % d’autoría por
parte de los actores armados 1993-1996
Años |
Agentes del Estado |
Paramilitares |
Total |
Grupos guerrilleros |
1993 |
54.26 |
17.91 |
72.17 |
27.48 |
1994 |
32.76 |
35.33 |
68.09 |
31.91 |
1995 |
15.68 |
46.03 |
61.71 |
38.29 |
1996 |
10.52 |
62.69 |
73.21 |
26.79 |
Fuente: Comisión Colombiana de Juristas.
Colombia, Derechos Humanos y Derecho Comunitario:1996
Las personas
que viven en zonas de conflicto se ven, en muchas ocasiones, obligadas a
ayudar y colaborar con las Fuerzas Armadas, los paramilitares o las guerrillas.
Una vez estas personas han ayudado a alguno de estos grupos,
en muchas ocasiones han de huir de sus viviendas y tierras, ya que se las
acusa de coloboradores y el precio que se paga por colaborar con el enemigo
(ya sea de forma voluntaria o forzada) es la muerte. La colaboración
de civiles con paramilitares implica el control de la vida comunitaria por
parte de los paramilitaress, así como el pago de tasas que se orientan
a la financiación de armas y equipo. Aunque hay batallas entre paramilitares
y guerrillas, según Amnistía Internacional en la mayoría
de los casos los ataques de estos grupos se dirigen contra la poblacion
a la que acusan de colaborar con el enemigo.
Además, las actuaciones que implican violaciones
de los Derechos Humanos por parte de las Fuerzas Armadas están sujetas
a un alto grado de impunidad, ya que constitucionalmente se previó
que los delitos realizados por individuos pertenecientes a las Fuerzas Armadas
fueran juzgados por tribunales militares.
Desde mediados de 1980 -cuando los militares se aliaron
con los barones de la droga para combatir a la izquierda mediante sus estructuras
paramilitares de autodefensa- ha provocado sucesivas olas de violaciones
de Derechos Humanos cometidas con impunidad. En ocasiones excepcionales
se ha procesado a los responsables, pero sólo en casos sin móvil
político aparente.
Gozan de esta impunidad tanto paramilitares (que en
muchas ocasiones reciben apoyo por acción o por omisión de
las fuerzas de seguridad) como los militares (en tanto que son juzgados
en tribunales militares a pesar de que la Corte Constitucional ha declarado
que, por ejemplo, los casos de tortura no pueden ser juzgados por estos
tribunales). Los tribunales militares extienden su jurisdicción.
La impunidad aumenta cuando los soldados no son juzgados después
de haber cometido violaciones de los Derechos Humanos y esto promueve estas
violaciones. Estas condicioones han contribuido a la ampliación del
fenómeno de la violencia materializado en las acciones de ‘limpieza
social’ por la que centenares de personas han perdido la vida a manos
de los ‘escuadrones de la muerte’, que cuentan con el apoyo tácito
y, a menudo con la participación de las fuerzas de seguridad (Policía
Nacional) e incluso de los comerciantes locales, en el exterminio de los
sectores sociales considerados ‘desechables’ -indigentes, niños
de la calle, homosexuales, prostitutas y presuntos delincuentes- de los
pueblos y ciudades de Colombia. En la mayoría de los casos no se
descubre a los autores, cosa que indica el grado de impunidad del que gozan.
La guerrilla también es responsable de numerosas
violaciones del derecho humanitario internacional, entre las que se incluyen
asesinatos arbitrarios de civiles (entre los que se pueden contar a desertores
de la guerrilla, alcaldes sospechosos de corrupción, personas acusadas
de colaborar con el ejército, ladrones y drogadictos en áreas
urbanas, etc) y el secuestro de numerosas persons (tanto con la finalidad
de extraer dinero para presionar al gobierno u obtener publicidad). Muchas
de las personas secuestradas han sido asesinadas posteriormente. A su vez,
la actuación de la guerrilla también ha ocasionado desplazamientos
en lo que se llama limpieza de áreas de combate, así como
por las acusaciones de colaboracionismo.
Las desapariciones forzadas han sido una práctica
recurrente por parte de todos los actores implicados en el conflicto. Se
han denunciado 3000 casos de desapariciones forzadas hasta 197 de las que
se han resuelto una mínima parte. Asimismo, la tortura, asociada
en el caso de las Fuerzas Armadas a detenciones ilegales, y practicada por
paramilitares y guerrillas, continúa.
El 50% de los secuestro que se contabilizan en el
mundo suceden en Colombia. Colombia es el único país donde
opera la organización País Libre, que se dedica a luchar contra
los secuestros. A la vez, el gobierno colombiano ha implementado un programa
que trata esta cuestión, es el Programa Presidencial
para la lucha contra el delito de secuestro.
El secuestro en Colombia se ha convertido en una práctica
habitual de la que se extraen beneficios económicos. De hecho, la
Policía Judicial en 1994 atribuyó el 40.3% de los secuestros
a la guerrilla, del resto se desconoce la autoría, aunque se pueden
atribuir a familiares de las víctimas y a menudo a organismos de
seguridad del Estado, etc. La evidencia de la práctica habitual del
secuestro en Colombia está relacionada con la impunidad con la que
se practica, sólo un 1% de los secuestros acaba con una condena judicial.
Además, la confrontación entre guerrilleros
y paramilitares por el control de la tierra y de los recursos naturales
ha provocado una ola de desplazados
. En 1995 hubo 89.510 desplazados y en 1996 ya eran 181.010.
Las zonas de origen de estos desplazados son Antioquia, Cesar, Córdoba,
Santader, Sucre i Caquetá. La situación llegó hasta
tal límite que el gobierno decidió crear una Consejería
Presidencial para Despalazados. El 70% de la población desplazada
son mujeres, jóvenes menores de 18 años y niños. Las
causas del desplazamiento, según Amnistía Internacional son
muy diversas y pueden variar en las diversas regiones, pero la causa principal
de desplazamiento es la existencia de conflicto armada en la zona. Según
indica AI el 35% de los desplazamientos los provocan las organizaciones
paramilitares, el 17% las Fuerzas Armadas y la policía, y el 24%
la insurgencia, pero estos datos pueden explicar sólo el 76% de los
desplazados. El hecho es que una vez desplazada la población se traslada
a los suburbios de las ciudades. Durante los 80 y 90, los
gobiernos colombianos han tratado de ignorar la situación de desplazamiento
de gran parte de la población. Fue el gobierno
de Ernesto Samper el que adoptó medidas respecto al desplazamiento
de la población como, por ejemplo, la inclusión del desplazamiento
forzado en los planes de asistencia urgente, la generación de ocupación,
el establecimiento de medidas legales para hacer a los desplazados beneficiarios
de medidas de reforma agrícola, etc. En 1995 el gobierno creó
la Consejería
para la Atención de la Población Desplazada por la Violencia
. Pero en la práctica, según Amnistía
Internacional se ha avanzado poco, de forma que la práctica inexistencia
de un estado asistencial y la descoordinación entre los diferentes
niveles de gobierno estatales en el momento de dar las ayudas pertinentes
ha generado una ola de planes de emergencia de diferentes ONG’s y países
para ofrecer la asistencia necesaria a esta población desplazada.
El Departamento de Estado de Estados Unidos también
ha realizado informes sobre la situación de los Derechos Humanos
en Colombia.
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Fuerzas Armadas
Las Fuerzas Armadas no han podido derrotar militarmente
a las guerrillas. De hecho, la situación que se vive en Colombia
muy a menudo se califica como de ‘empate militar negativo’, en
tanto que después de más de 30 años de lucha, ni el
Estado ni las fuerzas insurgentes han conseguido vencer mediante las armas
al enemigo. Las Fuerzas Armadas colombianas se nutren básicamente
de reclutas que no tienen experiencia en combate, muy al contrario que los
guerrilleros, que no sólo conocen las técnicas de combate,
sino que también conocen las zonas por donde se mueven. Además,
las Fuerzas Armadas disponen de unos 40.000 hombres en disposición
de entrar en combate (según IRELA, 1998) y los servicios de inteligencia
sufren graves deficiencias que dificultan la actuación del ejército.
La prolongación del conflicto armado ha fortalecido
al ejército en cuanto a actor interno, a la vez que ha aumentado
su ámbito de influencia (la lucha contra la insurgencia se ve recubierta
de un grado alto de impunidad que favorece al ejército y también
al resto de cuerpos de seguridad del Estado). De esta manera, la continuidad
del conflicto justifica la militarización del país.
A pesar de las evidentes conexiones que grupos de
Derechos Humanos e, incluso, militares han demostrado, las autoridades gubernamentales
niegan la conexión entre grupos paramilitares y las Fuerzas Armadas.
Comparación del ejèrcito colombiano
con otros ejércitos del área:
| |
Bolivia |
Colombia |
Ecuador |
Perú |
| Ejèrcito de tierra (miles de hombres) |
25 |
121 |
50 |
85 |
| Marina (miles de hombres) |
4.5 |
18 |
4,1 |
25 |
| Aviación (miles de hombres) |
4.0 |
7,3 |
3 |
15 |
| Gasto público |
Bolivia |
Colombia |
Ecuador |
Perú |
| Educación %PIB |
5.4b |
3.7b |
3.0c |
1.5 |
| Defensa %PIB |
2.2 |
1.9 |
3.4a |
1.3 |
a:1995
d:1990-1995
Font: Estado del Mundo, 1998
El papel de Estados Unidos en Colombia, igual que
en otros países como Perú en el tema de la droga ha sido el
de militarización de la guerra contra la droga, especialmente a mediados
de los años 80. Estas actuaciones dieron lugar a un conflicto entre
el ejército y la sociedad civil respecto al desvío de equipamiento
desde la guerra contra la droga hacia la guerra contra la guerrilla, la
guerra sucia y las violaciones de los Derechos Humanos que de estas actuaciones
se derivaba. Además, desde diferentes organizaciones de Derechos
Humanso se establece la colaboración de Estados Unidos en los entrenamientos
de las Brigadas Móviles (grupo integrado por soldados profesionales
y con medios para luchar contra la guerrilla). Gran parte de los equipos
militares, dados o vendidos desde 1989, han sido adquiridos al amparo de
la lucha contra las drogas, pero nada asegura que no sean utilizados con
otras finalidades.
Ventas de armamento de Estados Unidos a Latinoamérica
durante 1997 (millones de $)
| Argentina |
217.761.000 $ |
| Bolivia |
1.669.000 $ |
| Brasil |
216.296.000 $ |
| Chile |
34.886.000 $ |
| Colombia |
114.064.000 $ |
| Costa Rica |
1.828.000 $ |
| República Dominicana |
7.506.000 $ |
| Ecuador |
11.698.000 $ |
| El Salvador |
14.947.000 $ |
| Guyana francesa |
5.538.000 $ |
| Guatemala |
2.211.000 $ |
| México |
49.816.000 $ |
| Perú |
5.652.000 $ |
| Uruguay |
15.801.000 $ |
| Venezuela |
402.350.000 $ |
Fuente: Observatorio de Venta de Armas (Arms Sales
Monitor), Federación Americana de Científicos, febrero de
1998.
Gráfica
SIPRI
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Relaciones internacionales
Las relaciones bilaterales Colombia-Estados Unidos
desde finales de los 70 han estado dominadas por el tema del narcotráfico,
y en referencia a esta cuestión las crisis políticas y económicas
se han sucedido debido principalmente a las diferentes concepciones de resolución
del problema (Estados Unidos ha optado tradicionalmente por limitar y poner
trabas a la oferta y Colombia ha optado por aplicar soluciones integrales
internacionalmente concertadas ya que considera que el problema del narcotráfico
es transnacional y así ha de ser su solución). Las relaciones
de Colombia con Estados Unidos se deterioraron a finales del mandato de
Gaviria (1990-1994) y el deterioro se intensificó durante el mandato
del presidente Samper (1994-1998), especialmente después de salir
a la luz la presunta financiación de la campaña de Samper
por el cártel de Cali. De hecho, 1996 fue el año en que Estados
Unidos condicionó sus relaciones con Colombia al cumplimiento de
una agenda de doce puntos entre los que se incluían medidas de reforma
constitucional referidas a combatir el narcotráfico y la corrupción.
Las relaciones entre los dos países sufrieron más problemas
después de la descertificación de Colombia en los años
1996 y 1997. La certificación o descertificación es otorgada
por el gobierno de Estados Unidos a los países productores de droga
en función de sus iniciativas, si se considera que los esfuerzos
son insuficientes no se certifica al país. La descertificación
tiene diferentes consecuencias entre las que se encuentran la paralización
del apoyo de la asistencia estadounidense o el veto de Estados Unidos contra
los países descertificados en sus instituciones financieras internacionales.
En 1998 Estados Unidos certificó a Colombia por motivos de interés
nacional. En la actualidad, Colombbia es el principal país mundial
de ayuda antidroga de Estados Unidos.
El presidente Pastrana ha realizado un plan de inversiones
en sectores agrícolas, sociales y de infraestructura com contribución
a la pacificación, desmovilización guerrillera y erradicación
de cultivos ilícitos. Este plan contará con el apoyo financiero
de países como Alemania, Costa Rica, España, Francia, México,
Reino Unido y Venezuela. A su vez, Estados Unidos ha apoyado las negaciaciones
de paz en Colombia. Si el proceso de paz recibe especial atención
por parte de la Unión Europea (UE) también es importante para
esta organización la lucha contra la droga. De hecho, desde 1991
las exportaciones colombianas gozan de preferencias en el acceso al mercado
comunitario en respuesta a la cooperación colombiana en la lucha
antidroga.
Ante la grave situación que sufre Colombia
desde el punto de vista de los Derechos Humanos, desde 1997 funciona una
oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas que
tiene como función proteger, promover y supervisar los Derechos Humanos.
Asimismo, la Comisión Europea ha ofrecido ayuda humanitaria a Colombia
dirigida principalmente a los desplazados.
Además el conflicto interno colombiano ha afectado
a los países vecinos como Ecuador, Panamá y Venezuela, especialmente
a este último, que ha puesto 12.000 soldats en su frontera con Colombia
para impedir las incursiones de la guerrilla.
Respecto a los procesos de integración económica
regional, en 1994 Colombia formó junto con Venezuela y México
el Grupo de los Tres. El proceso de integración fue un avance importante
sobre todo en las disputas colombiano-venezolanas por el Golfo de Guajira.
Las disputas por los límites marítimos eran una constante
fuente de tensiones entre ambos países, pero la integración
económica y política y la cooperación en materias de
seguridad han reducido el conflicto.
Colombia participa en organizaciones regionales
e internacionales como: Interpol, Comunidad Andina, Grupo de Río,
Grupo de los Tres, FMI, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo (UNCTAD), UNESCO, Asociación de Estados del Caribe (ACS),
G-77, Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), Comisión
Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el
Caribe (ECLAC), Confederación Mundial del Trabajo (CMT), Organización
Mundial del Comercio (OMC), Organización Internacional del Trabajo
(OIT), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO).
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