El 1998 se vuelve a registrar en Chiapas, Oaxaca y Guerrero un incremento de las violaciones de los derechos a la vida, a la integridad y a la libertad personal.
Según el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP y la Comisión Mexicana de Defensa y Promociónn de Derechos Humanos AC, si en el pasado las violaciones del derecho a la vida (ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias) se habían producido de manera individualizada, parece que a partir de 1998 se introduce un nuevo elemento: las ejecuciones colectivas. Únicamente hace falta ver los casos de Acteal en Chiapas o del Charco en Guerrero. Asimismo, en estas ocasiones no se han resuelto judicialmente estos casos y no se ha aclarado, según Amnistía Internacional, la presunta responsabilidad de las autoridades en las ejecuciones extrajudiciales.
Además, y en función de lo que dice
la Federación Internacional de Derechos
Humanos (FIDH), en 1998 las zonas del Estado
de Chiapas en que la situaciónn de los derechos humanos era más
crítica eran Norte, Altos y Sierra Madre de Chiapas. Estas tres
zonas se caracterizan por un clima de violencia propiciado por la aparición
y actuación de grupos paramilitares que aterrorizan a la población
civil. La actuación de los grupos paramilitares ha generado muchas
muertes, permanece impune y en ocasiones se realiza con la complicidad
pasiva, y aun activa, del ejército y de las autoridades.
Asimismo, la militarización
de Chiapas (ocupación militar e injerencia del ejército
y de otras instancias de seguridad pública), justificada en los
ámbitos federal y estatal como una medida de protección de
la población, ha tenido dos efectos principales: una suspensión
de hecho de las garantías constitucionales de los habitantes del
Estado (en especial de la población indígena y campesina),
y la creación de un clima de inseguridad y de descomposición
social entre las comunidades de Chiapas. En este último sentido,
la actuación de los paramilitares también es importante porque
crea
situaciones conflictivas dentro las mismas comunidades, ya que introducen
elementos de discordia y de enfrentamiento entre los miembros de la comunidad,
en especial entre los afiliados al PRI (la mayoría de los cuales
gozan de ventajas sociales y están protegidos por el ejército)
y los opositores. En algunas de las comunidades el conflicto se ha resuelto
optando por el establecimiento de municipios "libres" o "rebeldes".
Según señala este informe, el alzamiento
zapatista de 1994 y la aparición del EPR en el 1996 han tenido como
consecuencias más importantes la utilización de métodos
represivos e ilegales como son las detenciones ilegales y arbitrarias,
detenciones clandestinas y secuestros, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales,
etc., que están acreditadas por diferentes organizaciones, entre
las cuales están la Organización
Mundial Contra la Tortura.
También se han detectado una serie de irregularidades
en los procesos judiciales, que van desde la aceptación de confesiones
obtenidas bajo tortura hasta la aceptación de procesos en los cuales
los indígenas monolingües no disponían de intérpretes.
Según el Centro de
Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas la impartición
de la justicia tiene relación con la afiliación política
de agresores y víctimas en el caso que los crímenes no queden
impunes y, en este caso, los favorecidos en las sentencias serían
los afiliados al PRI y no los considerados como opositores. La impunidad
de los crímenes y de los criminales, y la repetición de actos
que suponen una violación de los derechos humanos, implican la existencia
de una falta de voluntad política para aclarar estas actuaciones
y castigar los culpables.
La FIDH también denuncia que la represión
afecta sobretodo a dirigentes sociales, maestros rurales bilingües,
miembros de organizaciones campesinas, miembros de asociaciones para la
defensa de los derechos humanos, miembros del PRD, etc. Asimismo, se agudiza
el importante conflicto agrario de Chiapas a causa del incumplimiento de
la Convención
169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), ratificada
por México y definida como el instrumento más importante
para la protección de los derechos indígenas.
Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé
de las Casas, las acciones del ejército mexicano se identificaron
en relación con un patrón de conducta en el cual se violan
uno o más derechos de la población indígena de la
zona. En este patrón se engloban violación del domicilio,
despojo y daño a la propiedad personal, robo de pertenencias, amenazas,
acusaciones falsas o arbitrarias, obstrucción al libre tránsito
y parcial detención de la comunidad, trabajo forzado, injerencia
en los estructuras comunitarias y violación de los derechos de Chiapas
como pueblo indígena, etc. En casi todas las situaciones los autores
materiales son conocidos y gozan de total impunidad.
Las condiciones de vida de los desplazados son malas
y han sido denunciadas en muchas ocasiones por diferentes ONG y también
por la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Esta diócesis
ha expresado en diversas ocasiones el apoyo a los desplazados y ha denunciado
a través del Centro
de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
las condiciones de vida de estas personas y la represión que sufren.
Tal como recoge el Boletín
de Prensa del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las
Casas del 3 de marzo de 1999, en Chiapas, la violencia contra los defensores
de los derechos humanos está vigente. En aquellos momentos, en el
informe se confirmaba la existencia de un incremento de casos de violencia
contra las organizaciones de Derechos Humanos y contra sus activistas,
en los cuales "el común denominador es el acoso, y la violencia
puede explicarse en el contexto de la Guerra de Baja Intensidad que hay
en el Estado y en el momento en que se prepara la Consulta Nacional del
EZLN". Los activistas de ONG son los principales receptores de amenazas,
robos, y daños materiales y personales. Asimismo, las ONG para las
que trabajan también sufren daños en diferentes ámbitos,
desde el ámbito material (como rotura de vidrios) hasta ataques
al posicionamiento contra la violencia. El
Departamento de Estado de los Estados Unidos también denuncia
esta situación.
Ya en 1996 se denuncia la actividad de injerencia
de los medios de comunicación denominados oficialistas -los
dominados por el entonces partido del Gobierno (PRI) o que se sentían
más cercanos a éste- y las acusaciones de éstos
a las ONG del Estado de Chiapas, a las que se ha llegado a acusar "de defender
criminales y de impedir que el estado de derecho pueda establecerse en
plenitud en el Estado de Chiapas".
Según la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los
Derechos para Todos la diócesis de San Cristóbal, que sobresale
por su papel como defensora de los derechos humanos, ha tenido que enfrentarse
a diferentes ataques. En el informe se dice que los ataques provienen de "grupos
locales de poder, de autoridades locales y estatales, y de medios de comunicación
de tipo oficialista", y los atacados son agentes de la diócesis que han
sido agredidos físicamente o acusados falsamente por funcionarios estatales,
tal como lo recoge el informe mencionado.
Las violaciones de los derechos humanos cometidos por
el ejército y los grupos paramilitares
La militarización deChiapas implica un grave
problema: la violación de los derechos humanos de los habitantes
(sobretodo mujeres, indígenas y campesinos) del estado. Onésimo
Hidalgo y Gustavo Castro identificaban
en octubre de 1997 toda una serie de acciones llevadas a cabo por el ejército
mexicano y enmarcadas dentro de lo que se ha llamado
Guerra de Baja
Intensidad. De estas acciones destacamos las siguientes: interrogatorios
sobre líderes comunitarios, sobre organizaciones y los líderes
correspondientes, y sobre el EZLN; acoso sexual a las mujeres y acoso selectivo
a miembros de la comunidad; ocupación de escuelas e infraestructura
deportiva, y uso de maestros como informadores; acusación a la población
de estarse adiestrando militarmente y de realizar maniobras militares en
caminos rurales; demolición de viviendas sin orden oficial, robo
de pertenencias personales, apoyo económico preferencial, inducción
al espionaje, repartimiento selectivo de abono y maíz, etc.
Desplazados
El conflicto de Chiapas ha generado un intenso movimiento
de personas dentro del mismo Estado. En 1998 se calculaba que unos 18.000
indígenas se habían desplazado como consecuencia directa
del conflicto. Estas personas, que han tenido que dejar las tierras y la
casa para huir de la violencia del conflicto, actualmente viven en condiciones
pésimas. Muchas de las familias desplazadas han de vivir juntas
en viviendas improvisadas y hechas con materiales que se han encontrado,
y en condiciones higiénicas infrahumanas. En la mayoría de
los casos los desplazados no pueden cultivar la tierra, ya sea porque lo
imposibilitan los paramilitares, ya sea porque no hay tierra suficiente.
La imposibilidad de cultivar la tierra, fuente básica de alimentos,
implica la existencia de enfermedades derivadas de la falta de una alimentación
correcta. Asimismo, el desplazamiento o la huida tienen impactos psicológicos
importantes.
Víctor
Campa Mendoza afirma que entre los desplazados o refugiados indígenas
(entre los cuales se cuentan muchos niños, ancianos y mujeres) hay
"mucha tensión, angustia y desesperación, con síntomas
de ataque psicológico por la presencia e intensa inspección
de patrullas terrestres y aéreas del ejército". Además,
se cree que estas actuaciones del ejército introducen un elemento
de destrucción en la comunidad y en la vida social de los indígenas.
Libertad religiosa en Chiapas
En el ámbito religioso, se ha producido lo que,
desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas,
se denomina
violaciones al derecho de libertad religiosa. Una de
las organizaciones que se han visto afectadas por esta cuestión
ha sido la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Según
el informe presentado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé
de las Casas, entre 1994 y 1997 se han registrado 251 casos que se definen
como violación del derecho de libertad religiosa. Según el
informe, estos casos se podrían agrupar en diferentes categorías:
medios de comunicación oficialistas, artículos y editoriales
difamatorias, y actuaciones de las fuerzas armadas y del Gobierno.
Las violaciones de los derechos de las mujeres en Chiapas
En Chiapas la situación de la mujer se caracteriza,
según la Red de Organismos Civiles
de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos, por la existencia
tradicional de una situación de discriminación de género.
En este aspecto se ha de añadir la existencia de discriminación
étnica, que, según el informe, se acentúa en la zona
del altiplano de Chiapas. Además de las carencias en los campos
lingüístico (la mayoría de etnias son monolingües),
educativo (se registran altos porcentajes de analfabetismo), sanitario,
económico, etc., que sufren estas mujeres, o precisamente por estas
carencias, las mujeres "continúan siendo un blanco especial de la
represión y de la violencia sexual, como lo muestran los casos de
violación, de asalto, de homicidio, de acoso, etc., que se han denunciado
desde 1994".
Defensores de los derechos humanos en Chiapas
En 1996, la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos,
Todos los Derechos para Todos, confirmaba la existencia de acoso y
amenazas tanto a defensores de los derechos humanos mexicanos como a extranjeros.
En el caso de estos últimos, se ha llegado a hablar de diversos
impedimentos, la mayoría relacionados con la gestión del
visado. Pero también se denuncian amenazas directas: "Hemos podido
constatar que funcionarios de migración amenazan directamente a
los extranjeros de deportarlos por "actividades políticas" si no
abandonaban voluntariamente el país". Según Global
Exchange, la campaña contra los observadores internacionales
de Derechos Humanos en Chiapas se ha intensificado durante el año
1998. La utilización indiscriminada del artículo
33 de la Constitución mexicana ha
servido de base para la expulsión de los observadores internacionales,
que según Global Exchange, "disgustaban al Gobierno mexicano". Según
esta ONG internacional, que actúa en la zona de Chiapas, "el Gobierno
mexicano ataca a los extranjeros que han dado testimonios de abusos de
los derechos humanos en Chiapas".